- ¿De qué manera puede el Gobierno de Mendoza acelerar el acceso al crédito para el sector productivo?
- En realidad, Mendoza ya viene haciendo ese trabajo desde hace tiempo. Hace diez años que la provincia sostiene superávit fiscal, mientras que Argentina recién logró equilibrio en los últimos dos. A eso se suma un marco institucional sólido: no hay reelección de gobernadores, usamos boleta única papel, todos los funcionarios presentan declaración jurada y existe una clara división de poderes. Todo eso genera un clima de negocios estable y previsible.
Por ese motivo esperamos una llegada mayor de inversiones y un rol cada vez más relevante de la minería. Para desarrollar la actividad minera —que demanda inversiones muy grandes— se necesitan tres cosas: seguridad jurídica, que Mendoza la tiene; un tipo de cambio estable; y un régimen laboral e impositivo que se mantenga en el tiempo. Ese es justamente el sentido del RIGI.
En ese contexto, Mendoza está algo mejor posicionada que el resto del país, aunque sigue dependiendo de la macroeconomía nacional. Pero si el país se ordena, la provincia va a crecer.
Como dijo el presidente Milei, “se están alineando los planetas”. Y Mendoza, en ese proceso, funciona como un faro de lo que debería hacer Argentina.
- ¿Realmente hay consenso social en torno al avance de la minería?
- Lo estamos construyendo y consolidando. En las zonas donde se desarrollará la actividad minera ya existe un consenso social absoluto. Y en el resto de la provincia también estamos avanzando. De hecho, los resultados electorales lo muestran: el gobernador Cornejo obtuvo el 54% en las últimas elecciones, lo que evidencia un apoyo amplio.
