Impuestos
La presión impositiva aumentó 83% en Mendoza en los últimos 20 años
Aunque la carga tributaria provincial muestra una leve baja desde 2017, aún se mantiene por encima de los niveles de principios de siglo. Así lo advierte el CEM, que pidió avanzar con mayor austeridad fiscal y eliminar el Sircreb.
La presión impositiva en Mendoza, medida como la relación entre los ingresos tributarios provinciales y el Producto Bruto Geográfico (PBG), se incrementó un 83% en las últimas dos décadas. Pasó del 3,6% del PBG en 2004 al 6,6% estimado para 2024, según reveló un nuevo informe del Consejo Empresario Mendocino (CEM). Aunque desde 2017 se registra una leve tendencia a la baja, el nivel actual se mantiene significativamente por encima del de principios de siglo.
“El aumento de la presión tributaria provincial se concentró mayoritariamente entre 2011 y 2014, con una suba de 2,8 puntos porcentuales en solo tres años, creciendo algo más entre 2014 y 2017”, explicó el CEM en el documento. En ese último período comenzó un proceso de ordenamiento fiscal que permitió cierta reversión de la tendencia, gracias -en parte- a un programa de reducción de alícuotas sobre Ingresos Brutos iniciado en 2017.
Pese a ello, los empresarios subrayaron que “la presión tributaria efectiva actual está 3 puntos por encima de 2004” y que esta situación refleja “la voracidad del Estado provincial sobre el sector privado en esos años en los que el gasto creció y el resultado corriente se deterioró”.
El tributo más significativo dentro de los recursos provinciales es el impuesto a los Ingresos Brutos, que representa el 25% de los ingresos corrientes y el 68% del total de los recursos provinciales. Aunque desde la implementación del programa de reducción de alícuotas su recaudación cayó un 13% en términos reales entre 2016 y 2024, continúa siendo la principal fuente de ingresos para el Estado mendocino.
En paralelo, el informe reveló que los recursos corrientes totales del Estado provincial cayeron un 12% real en ese mismo período. La contracción fue del 18% en los ingresos de origen provincial y del 5% en los de origen nacional. Dentro de los recursos provinciales, además de la baja en Ingresos Brutos, se observó una caída del 35% en regalías, lo que se explica “mayormente por la caída en la producción”.
La postura del CEM
Ante este escenario, el CEM advirtió que “el tamaño del Estado no puede ser mayor al que puede financiar el sector privado sin perder competitividad”, y subrayó que la austeridad fiscal es una “parte importante de la agenda de competitividad y desarrollo de Mendoza”.
En esa línea, la entidad celebró algunas decisiones recientes del gobierno provincial, como la exclusión del régimen Sircreb para contribuyentes locales con buen historial fiscal —vigente desde el 1° de mayo—, pero pidió avanzar más allá: “Creemos que debe avanzarse hacia la eliminación del Sircreb, máxime considerando que el gobierno provincial tiene superávit fiscal en un contexto de cuentas ordenadas”, subrayaron.
Además, el CEM instó a la Legislatura a tratar el proyecto de nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, presentado hace dos años y aún pendiente de debate. “Desde el Consejo Empresario Mendocino abogamos por el cumplimiento pleno de la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece el objetivo del equilibrio corriente y otras normas de austeridad fiscal”, señaló el informe.
Respecto a la evolución reciente de los ingresos públicos, el documento alertó por una baja sostenida tanto en los tributos provinciales como en las transferencias nacionales. “Para cuidar el resultado corriente, es importante monitorear la evolución de los recursos corrientes, tanto provinciales (Ingresos Brutos cayó 2% real entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025) como nacionales (merma del 24% real al comparar mayo de 2025 con mayo de 2024)”, detallaron.
En conclusión, el CEM sostuvo que el proceso de reducción del peso del Estado sobre la economía debe profundizarse. “Valoramos la austeridad fiscal de los últimos años y creemos necesario que la presión tributaria siga disminuyendo, con foco en la reducción de los impuestos más distorsivos”, subrayó el informe, que cerró con una premisa clara: “El nivel de gasto público debe alinearse con una presión impositiva razonable y financiable”.
