Expropiación
Argentina apeló el fallo que obliga al país a entregar las acciones de YPF
El Ejecutivo presentó su apelación ante la justicia de Estados Unidos en un intento por frenar la cesión de las acciones Clase D de YPF, dispuesta por la jueza Preska como parte del fallo que obliga a la Argentina a pagar USD 16.000 millones.
El Gobierno argentino apeló el fallo de la jueza Loretta Prezka que ordenó la entrega de las acciones de YPF para pagar la sentencia de US$16.000 millones por la nacionalización de la empresa.
La información fue difundida por el especialista Sebastián Maril en sus redes sociales. El fallo responde a una presentación judicial por parte de los demandantes para lograr cobrar el monto establecido en la condena, que permanece impago, otorgando un plazo de dos semanas para cumplir con la cesión de las acciones de YPF.
De esta manera, Preska dispuso que “se ordena a Argentina transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”.
Los argumentos
Entre los argumentos que esgrimió la defensa del Estado se destacó la violación de la legislación nacional También se argumentó que Argentina sería despojada de su participación mayoritaria en YPF, que forzaría un cambio de control y activaría cláusulas que perjudicaría a los accionistas de la empresa.
En la misma línea, se expresa que el caso YPF no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes que plantea cuestiones jurídicas complejas.
La Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión de la jueza Preska es controvertida no solo jurídicamente a nivel local, sino también en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de Estados Unidos.
También se argumenta que los demandantes (Petersen/Eton y Bainbridge) no sufrirían daños por la suspensión de la orden. La legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Además, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados, como provincias y bonistas, y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público.
A su vez, se insistió en que la transferencia de las acciones debería realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el Gobierno considera jurídicamente inválido.
Por otro lado, se indicó que el caso presenta cuestiones legales que no han sido abordadas previamente por los tribunales de apelación, lo que incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores.
