La batalla legal por la expropiación de YPF suma un nuevo capítulo en los tribunales de Nueva York, ya que los fondos buitres Petersen y Eton Park presentarán este jueves un escrito ante la jueza Loretta Preska solicitando que la Argentina sea declarada en desacato por demoras en la entrega de pruebas clave para el proceso.

La estrategia de los demandantes apunta al incumplimiento en el proceso de recabación de pruebas. Según los fondos buitres, el Estado argentino no ha entregado la totalidad de los correos electrónicos y mensajes oficiales de funcionarios actuales y anteriores exigidos por la corte.

Al respecto, Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en el caso, reveló en su cuenta de X que durante este jueves “los beneficiarios del fallo YPF comenzarán el largo proceso para convencer a la Juez Loretta Preska que Argentina está en desacato con la corte”.

Ante esta supuesta falta de cooperación planteada, los querellantes buscan que la jueza aplique:

• -Sanciones económicas adicionales.
• -Presunciones adversas (que la justicia asuma como ciertos los hechos que los correos podrían haber probado).
• -Cronogramas estrictos para tratar el desacato y forzar la entrega de información.

En cuanto a la postura del Gobierno ante esta nueva presentación, Maril informó que “Argentina rechaza todos los argumentos que se presentaron y afirma que ha cumplido con las órdenes de la Juez Preska”.

Así manifiestan desde la Procuración del Tesoro, donde el cuerpo de abogados que representa al país advierte que cualquier sanción en esta instancia sería prematura, ya que violaría el derecho a defensa del Estado soberano.

Más allá de los correos, el trasfondo de la presión es la búsqueda de activos embargables. Los fondos intentan demostrar que empresas y organismos públicos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como un “alter ego” del Estado.

En caso de lograr constatar dicha acusación, los fondos podrían contar con un elemento favorable para que la justicia estadounidense les permita avanzar sobre las cuentas y bienes de estas entidades para cobrar la sentencia multimillonaria.