Tras la firma formal del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) el pasado sábado 17 de enero en Asunción, Paraguay, el recorrido para su entrada en vigor plena enfrenta un complejo tramo institucional y político. Aunque el Consejo de la UE ya dio su visto bueno, el pacto debe superar una serie de etapas decisivas dentro del viejo continente y en los países del Mercosur para consolidarse finalmente como norma vinculante.

En este sentido, el primer gran desafío radica en el Parlamento Europeo, donde el texto será remitido para su análisis. En concreto, las comisiones de Comercio Internacional (INTA) y de Asuntos Exteriores (AFET) emitirán informes técnicos que luego serán sometidos a votación en el pleno de la Eurocámara. Aquí reside uno de los obstáculos más importantes, ya que la Eurocámara solo puede aprobar o rechazar el texto en su totalidad, sin posibilidad de enmiendas parciales, y la composición política actual anticipa un resultado ajustado. Grupos políticos y delegaciones nacionales que se opusieron al pacto en el Consejo —como Francia, Polonia e Irlanda— podrían inclinar la balanza, aun cuando sus grupos mayoritarios partidarios respalden la ratificación.

Un factor que podría introducir una demora significativa es la solicitud de dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un grupo de 145 eurodiputados propuso esta iniciativa al cuestionar la base jurídica empleada para aprobar capítulos comerciales sin intervención de los parlamentos nacionales. Si la Eurocámara aprueba esa moción por mayoría simple, el proceso de ratificación quedará suspendido hasta que el TJUE emita su opinión, lo que podría extender el calendario por varios meses o incluso años.

Superada la instancia del Parlamento Europeo y evitado o completado un eventual dictamen judicial, el tratado deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la UE para aquellos capítulos que exceden la competencia estrictamente comercial, como cuestiones ambientales, sanitarias o de movilidad de inversiones. Este paso suele ser políticamente sensible, dado que varios parlamentos ya expresaron reservas o condicionaron su respaldo. En casos previos como el acuerdo entre la UE y Canadá (CETA), la ratificación completa tardó años en concretarse, aunque el acuerdo pudo aplicarse de manera provisional en materia de comercio.

La ratificación nacional, en muchos casos, depende de debates internos donde los sectores productivos —especialmente el agrícola— ejercen una fuerte presión. En Francia, por ejemplo, la oposición al acuerdo provino en gran medida de organizaciones rurales que señalan riesgos para la producción bovina y avícola, aun con cuotas acordadas para limitar el impacto competitivo.

El Mercosur no está exento de tensiones internas

Del otro lado del Atlántico, los países del Mercosur también deben completar procedimientos internos de aprobación. Aunque en general la tramitación parlamentaria en la región luce más despejada que en Europa, no está exenta de tensiones. Paraguay, por caso, ya expresó reservas sobre condiciones y límites de acceso al mercado europeo, mientras que Bolivia —en proceso de adhesión plena al bloque— aparece como un caso potencialmente más complejo debido a desafíos domésticos como la deforestación, tema que también forma parte de las exigencias ambientales del acuerdo.

En términos prácticos, el acuerdo podría entrar en vigor de manera provisional en capítulos vinculados al comercio si la Eurocámara acepta su aplicación anticipada, como ocurrió con otros tratados similares. No obstante, su vigencia plena y definitiva requerirá que se cumplan todas las etapas:

• Revisión parlamentaria europea
• Posible consulta al Tribunal de Justicia
• Ratificación nacional en cada Estado miembro de la UE
• Aprobación en los Congresos de los países del Mercosur