La desarrolladora inmobiliaria G&G Business Developments, cuyo CEO es Germán Coto, hijo del supermercadista Alfredo Coto, terminó de construir en 2024 en el corazón de Miami el rascacielos Aston Martin, con forma de vela y 66 plantas, donde viven empresarios que pagaron sumas millonarias por los apartamentos.

Dos años después, los propietarios demandaron a la compañía y a una veintena de sociedades que, según la demanda, estarían vinculadas por presuntas "prácticas generalizadas de autocontratación ("self-dealing") y violaciones estatutarias", según surge de la presentación judicial realizada en los últimos días, a la que accedió iProfesional.

La denuncia indica que "los propietarios adquirieron sus unidades basándose en promesas de amenities de lujo -incluyendo una marina, helipuerto y beneficios exclusivos en clubes de playa-", pero los demandados habrían incumplido con los servicios prometidos, lo que, según el escrito, habría generado un daño continuo a la integridad financiera y operativa del consorcio.

Por eso, en el escrito se reclamó por "los daños y perjuicios sufridos, la rescisión de los contratos viciados, una rendición de cuentas judicial y cualquier otra medida reparatoria pertinente" para los propietarios de los condominios ubicados en Boulevard Biscayne 300.

Además, según consta en la demanda, hay reclamos por presuntos "incumplimientos de los deberes fiduciarios y violaciones a la legislación de condominios de Florida".

Este medio consultó a voceros de Coto para que se pronunciaran sobre la denuncia, pero respondieron que no tenían comentarios para hacer al respecto.

Una veintena de personas y sociedades denunciadas

La demanda se radicó en el Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, un tribunal estatal y civil para pleitos comerciales. Ariella Gutman, abogada del estudio Haber Law, que representa a la asociación de propietarios, explicó a iProfesional que "las sociedades se constituyeron antes y durante la construcción de las torres y se demandó a 25 partes entre personas y empresas".

En primer término, aparece mencionado Germán Coto, hijo de Alfredo y CEO de G&G, según se puede leer en el escrito. "Las demás son personas cercanas que trabajan o están nombrados con algún cargo en las sociedades", agregó Gutman, que sostuvo que "todos empezaron su relación en Argentina y luego fueron a desempeñarse a Miami".

Tras la demanda, que es de carácter civil, ahora se inicia el período de presentación de pruebas (discovery). "Ellos van a intentar presentar su defensa, nosotros vamos a presentar nuestras pruebas y las partes están obligadas a intercambiar esas pruebas hasta que se celebre el juicio", detalló Michael Díaz Jr., también abogado y presidente de la Junta de Propietarios.

De la fabulosa inauguración a la demanda

Tras la alianza con Aston Martin y unos siete años de construcción pandemia mediante, la inauguración de la torre fue el 30 de abril de 2024, en coincidencia con el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Asistieron los directivos de la compañía británica, la familia Coto y personalidades como el entonces alcalde de la ciudad, Francis Suárez.

La estructura del rascacielos se refleja en el entorno del puerto deportivo y los 391 propietarios o inquilinos tienen vistas impresionantes de la Bahía Biscayne, del río Miami y de la ciudad.

Según informó en su momento la marca de autos, las unidades fueron adquiridas por seguidores del estilo y filosofía de la firma. Incluso, 50 de los propietarios del edificio también son dueños de un vehículo y pagaron entre 1,5 y 20 millones de dólares por los condominios, salvo un tríplex del último piso cuyo valor era muy superior.

Al vender las residencias, se ofrecía un helipuerto en la terraza que, según la demanda, la constructora finalmente no hizo. "No dijeron nada a la comunidad ni a los nuevos compradores de que habían suspendido el proceso y seguían vendiendo al público. Para nosotros, eso fue intencional", sostuvo Díaz.

Algo similar ocurrió con el club de de playa, que incluía un yate para llevar a los residentes hasta allí y los propietarios vieron cómo en una ocasión se hundió en el mar. "Hoy se nos sigue cobrando por el mantenimiento del muelle", afirmó el titular de la junta.

Por su parte, Gutman explicó que en EEUU, cuando una empresa va a construir un edificio, forma una corporación que tiene todas las responsabilidades de la administración y luego se las transfiere a los propietarios.

"Nosotros hicimos la demanda contra G&G alegando que creó empresas para las operaciones del edificio antes que entren al control los propietarios. Con eso, habría obtenido un beneficio económico significativo, según la demanda", detalló.

Díaz, en tanto, afirmó que la junta directiva tenía la obligación de ofrecer distintos contratistas para que presentaran su oferta, seleccionar el mejor precio y que entreguen un servicio de calidad, pero eso no habría ocurrido y para la asociación el servicio hoy es "deficiente".

"Solo habrían buscado personas cercanas a ellos. Hay suficientes pruebas y testimonios sobre esto", agregó.

Seguridad y conserjería, en la mira

De acuerdo con la demanda, una de las irregularidades se habría producido con la contratación de una empresa de seguridad. En EEUU, la ley requiere que la firma tenga licencia para portar armas de fuego, tarjeta migratoria y otros requisitos. Según el presidente de la Junta, esas credenciales habrían sido adulteradas.

Otra irregularidad mencionada en el escrito es con las facturas de la conserjería. "Siempre ponían cargos muy altos sin explicar qué es lo que estaban haciendo y la misma descripción, que no cambiaba. En la administración hay una compañía que cobraba un sobrecargo del 42%. No es algo común", sostuvo Gutman.

Según los abogados, estas anomalías se dieron por alrededor de un año y medio hasta que el 5 de marzo del año pasado hubo elecciones y los dueños lograron, por mayoría, tomar el control de la junta directiva y comenzaron a revisar todos los gastos.

"La comunidad está trabajando para correr a G&G de las operaciones y tener los servicios que debería tener. Queremos limpiar la imagen y seguir adelante", resumió Díaz.

Ahora los propietarios aguardan que comience la etapa de recolección de pruebas y que la Justicia haga lugar a la demanda.