Las maniobras ilegales con dólares oficiales en tiempos de cepo cambiario, durante el mandato de Alberto Fernández y de Sergio Massa como ministro de Economía, podría alcanzar hasta los US$ 1.500 millones, de acuerdo a un cálculo que hicieron en el Gobierno nacional. Se trata de un esquema que funcionó en un grupo de casas de cambio que aprovecharon la brecha y abastecieron el mercado blue para obtener una ganancia.

El Banco Central volvió a sancionar recientemente con una multa e inhabilitación a una casa de cambio que, según investigó, realizó operaciones irregulares de este tipo por US$ 180 millones. Fueron compraventas realizadas durante algunos meses de 2023, cuando regía un estricto cepo cambiario.

El sumario que cerró la Superintendencia de Entidades Financieras en febrero pasado involucra a la casa de cambio Stema. No es un nombre nuevo en el esquema general que la autoridad monetaria investiga sobre maniobras con el tipo de cambio entre 2022 y 2023. Ya había aparecido en sumarios anteriores de otras casas de cambio también señaladas por operaciones similares.

Se trata de un mecanismo que desde un importante despacho oficial denominaron como "la escalerita". Es un circuito que, consideran, funcionó de manera muy aceitada en esos dos años. Coincidió con el endurecimiento paulatino de los controles cambiarios ante la escasez de reservas y el inicio del esquema de autorización de dólares para importaciones con el sistema SIRA.

Un funcionario describió que esa "escalera" descendía desde un banco comercial que se hacía de los dólares a precio oficial, los vendía a casas de cambio y esta, a su vez, los vendía a otras. Ese pase de manos podía volver a repetirse, y en determinado momento del circuito se realizaban extracciones en efectivo, que nublaban la trazabilidad de esas divisas.

Estimaciones de los investigadores dentro del Gobierno llegaron a calcular que, en total, este esquema llegó a involucrar entre 1400 y 1.500 millones de dólares. De ese total, se perdió trazabilidad del 84%, calculan. Sobre el cierre del 2023, aseguran desde el Poder Ejecutivo, la maniobra frenó.

En el último sumario finalizado sobre este tema, en febrero, el BCRA reconstruyó que Stema desplegó un esquema en el que compraba dólares al tipo de cambio oficial y luego los vendía a otros operadores de cambio. El sumario también detalla que esos dólares eran retirados en efectivo el mismo día en que se acreditaban en las cuentas de Stema, lo que hacía “perder la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”.

A su vez, los operadores que compraban esas divisas —entre ellos firmas como Andie SRL, Gallo Cambios, Soy Vos SAS, Dibehi SAS, Gis Cambio o Dique 4— canalizaban luego los dólares hacia otros actores, en muchos casos sin justificar el origen de los fondos en pesos.

En el contexto de fuertes restricciones cambiarias, concluyó el Central que se trataba de un mecanismo que, aunque formalmente encuadrado como compra y venta de billetes, tenía otro objetivo: “Adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”, donde el dólar cotizaba al doble.

Antes, tres sumarios financieros finalizados entre octubre y principios de diciembre pasado dieron cuenta de este esquema, que tuvo lugar entre 2022 y fines de 2023, durante el mandato de Alberto Fernández en la Casa Rosada, de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y de Miguel Pesce en el BCRA.

El Central menciona a tres casas de cambio entre sus resoluciones finales: Gallo Cambios, Mega Latina y Concordia Inversiones. Esta última está ligada tanto a Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, como a su madre Graciela Vallejo.

En el expediente Gallo Cambios, la autoridad monetaria detectó operaciones por un total de 474 millones de dólares, que no eran destinados a clientes propiamente dichos sino a otros operadores de cambios. En un 90% obtenía los dólares de otras dos operadoras, Mega Latina (también investigada por el BCRA) y Stema Cambios.

Esos dólares los vendió, a su vez, a otros 13 operadores. Nueve de esas 13 entidades, en este marco, ya fueron inhabilitadas. Gallo Cambios recibió transferencias de pesos y a cambio vendió dólares. La particularidad es que casi la totalidad de esas divisas (92%) se entregaron en billete a los compradores.

Otro expediente cerrado por el Central es contra la operadora de cambios Mega Latina. El sentido de la investigación es similar: la canalización de dólares conseguidos a precio oficial hacia el mercado paralelo.

En este caso el monto asciende a 460 millones de dólares, entre enero de 2022 y agosto de 2023. El Central consideró que la habilitación con la que contaba Mega Latina "fue utilizada como una pantalla o telón legal para desarrollar una extensa operatoria cambiaria antirreglamentaria".

Tanto en Stema como en Gallo y Mega Latina aparece mencionado como banco comercial proveedor de los dólares, en primera instancia, el Banco de Servicios y Transacciones (BST). Fuentes cercanas a la compañía aseguran que la operatoria de venta de divisas a casas de cambio clientas es una operatoria habitual y lícita, y que la compraventa de dólares a precio oficial se hace con monitoreo permanente del BCRA.

En aquel contexto de cepo cambiario y administración de divisas oficiales, en paralelo, la Justicia avanzará esta semana una denuncia que intenta demostrar si hubo pagos de coimas por parte de importadores para conseguir los permisos de acceso a dólares, que se elegían a través del sistema SIRA.

Una causa judicial en el juzgado de Ariel Lijo y con una investigación que lleva adelante el fiscal Franco Piccardi con secreto de sumario hasta este jueves, se identificaron al menos cuatro empresarios que habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar, informó el diario La Nación.

Según esa publicación, Piccardi solicitó que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas, y realizó casi 30 allanamientos. Fueron imputados funcionarios del BCRA y, algo que podría vincular el proceso judicial con la investigación del Banco Central, dueños de casas de cambio como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.

Todas las operaciones bajo investigación se dieron en el marco de una rígida administración de divisas para la importación y mientras estaba vigente un cepo marcado para personas físicas, que tenían limitado el acceso a tipo de cambio oficial a 200 dólares por mes.