El Gobierno tuvo que sacar a relucir la motosierra del gasto público una vez más por la caída de la recaudación tributaria y para no poner en riesgo el superávit fiscal. En lo que va del año hubo ajustes de hasta 50%, por ejemplo, para transferencias a provincias. También sufrieron los salarios que paga el Estado y las ya escasas partidas de obra pública.

La manta corta fiscal apareció rápidamente este año en el tablero de control de la economía que supervisa el ministro Luis Caputo. El deterioro sostenido de los ingresos tributarios -que acumula ocho meses hasta marzo- inclinó a la Casa Rosada a ejecutar una nueva ronda de recortes al gasto.

Es un año, además, marcado por otros dos elementos: en primer lugar, una serie de proyectos de ley que podrían subir el gasto (una norma de la oposición como la de financiamiento universitario) o bien tener un impacto fiscal recaudatorio, como la reforma laboral. Y, después, una meta exigente acordada con el FMI.

Datos oficiales anticipados que procesó la consultora Analytica muestran que en marzo, después de un primer bimestre de aceleración del ajuste, hubo un respiro en el ritmo de recortes de gasto que ejecutó el Palacio de Hacienda. Mientras en enero habían caido 5% anual; y 8% en febrero, en el tercer mes del año recuperó una parte, 1,7%.

"Lógicamente resta esperar si es una tendencia que se va a sostener. Los cambios en la composición del ajuste tienen impactos distributivos que se traducen en la actividad económica y en las negociaciones políticas de Nación con las provincias", aseguró Claudio Caprarulo, economista de Analytica.

En el primer trimestre del año la caída acumulada del gasto fue de 3,3%. Se trata del gasto primario devengado, es decir los compromisos de pago asumidos, aunque no necesariamente pagados de manera efectiva. También excluye a los intereses de deuda.

Los porcentajes guardan alguna distancia con lo que informa mensualmente la Secretaría de Hacienda porque se tratan de contabilidades distintas. Economía publica lo que se conoce como "base caja", es decir, los gastos que fueron pagados. Como comparación: el gasto devengado cayó en febrero 8% y el "base caja", casi 10%.

Más allá de esa diferencia, la información oficial que recolectó Analytica muestra que hubo algunas partidas que en lo que va del año tuvieron marcados ajustes. El de los salarios públicos tiene mayor relevancia por tratarse de una partida presupuestaria más elevada: cayó 6,1% en el primer trimestre, desde $ 3,9 billones a $ 3,7 billones, a valores actuales.

Con montos menores, el gasto en Asignaciones Familiares y Asignación Universal por Hijo (AUH) retrocedió 3,7%, desde $ 3,2 billones a $ 3 billones. Más atrás, aunque con proporción de recortes más altos, quedaron el resto de los Programas Sociales (-29,8%) y Transferencias a provincias (-50,9%).

De manera sorpresiva, quedaron a salvo del ajuste los subsidios económicos, que incluyen la parte que el Estado pone sobre el precio de los servicios públicos: tuvo un fuerte avance de casi 67% anual.

Incluso a pesar de que desde principios de año la Secretaría de Energía implementó quitas de subvenciones. La consultora Outlier mencionó que podría tratarse de deudas impagas que arrastraba el Gobierno con el sector energético y que fue saldado a principio de año.

Para Outlier un factor que colaboró con el Gobierno para sostener el equilibrio en las cuentas en este inicio de 2026 fueron las privatizaciones: "Los ingresos extraordinarios asociados a las concesiones hidroeléctricas resultaron clave para poder resolver parte de la deuda flotante que se había acumulado sobre el último tramo de 2025", dijeron.

Desde la consultora Vectorial remarcaron que la nueva ronda de ajustes "avanza hacia partidas de mayor sensibilidad política y social". También alertó que podría existir "una presión creciente por el lado recaudatorio, que tenderá a contraerse (aún más) conforme continúe esta dinámica de actividad a la baja".

La meta fiscal con el FMI, también, pende sobre el plan económico este año. El acuerdo planteó el año pasado, cuando se hizo la última revisión técnica, un mínimo de superávit primario -sin contar los intereses de deuda- equivalente a 1,5% del PBI. Hasta febrero, Hacienda sumó un 0,4% del Producto.

Un reporte de PwC analizó las posibilidades de que el Gobierno pueda alcanzar ese objetivo este año. Para eso, midió que la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incluido en la reforma laboral tendrá un impacto fiscal, anualizado, de 0,23% del PBI.

Más allá del FAL, el informe de PwC imaginó una balanza de pesos y contrapesos (de gastos y ajustes) que sucederán este año. Como conclusión, aseguraron que el impacto fiscal de todos los elementos que presionan las cuentas públicas será de 0,75% del Producto, pero que los factores "compensadores" (entre ellos privatizaciones, ingresos de retenciones a exportaciones, entre otros), será de 0,85% del PBI.

"Este diferencial positivo permite elevar el resultado fiscal primario de 1,4% a 1,5% del PBI", resumieron, para cumplir con la meta comprometida ante el FMI. Para finalizar, señalaron dos riesgos eventuales para el sendero fiscal: la aplicación de las leyes de universidades y discapacidad y la tendencia de caída de la recaudación que mostró el fisco en lo que va del año.