La recta final en la licitación pública para la operación de la Vía Navegable Troncal, conocida históricamente como la Hidrovía Paraná-Paraguay, ha dejado de ser una mera compulsa técnica y comercial para transformarse en un severo foco de conflicto político y judicial. La definición sobre el control del canal fluvial por el que circula cerca del 80% de las exportaciones de la agroindustria argentina quedó bajo la lupa tras la presentación de una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py. El escrito plantea presuntas irregularidades en el diseño del pliego de condiciones y expone el vertiginoso ascenso del Grupo Neuss, un conglomerado empresarial con históricas terminales de negocios que, durante la gestión de La Libertad Avanza, ha consolidado un fuerte despliegue en sectores estratégicos de la infraestructura nacional.

La controversia escaló luego de que las dos corporaciones belgas finalistas en el proceso, Jan de Nul y DEME, presentaran ofertas económicas idénticas, proponiendo una tarifa inicial de 3,80 dólares por tonelada de registro neto. A pesar del empate financiero, los informes técnicos del Poder Ejecutivo habrían inclinado la balanza en favor de Jan de Nul, compañía que ya se encarga del dragado del río Paraná mediante su firma controlada, la Compañía Sud Americana de Dragados. Esta aparente ventaja operativa es el núcleo de la presentación judicial, donde se objeta la inclusión de una cláusula técnica que exige un calado inmediato de 44 pies. Según los denunciantes, dicho requerimiento técnico resultaría inaccesible para otros oferentes del mercado global, configurando un presunto pliego "hecho a medida" para asegurar la continuidad de la prestataria actual.

El componente de mayor sensibilidad institucional radica en la trama de relaciones personales detallada en la denuncia penal. El documento judicial menciona explícitamente a figuras del entorno de la Casa Rosada, como el influyente asesor presidencial sin firma, Santiago Caputo, y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor. De acuerdo con diversas crónicas e investigaciones del ámbito económico, el Grupo Neuss —encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes mantienen un vínculo de amistad de larga data con Santiago Caputo— figura en el mercado portuario como un potencial beneficiario de subcontratos y alianzas estratégicas ocultas asociadas a la explotación del canal fluvial. Las sospechas apuntan a compromisos extraoficiales para ceder hasta el 50% de la operación logística local a sociedades vinculadas a los Neuss y a la firma de servicios Loginter.

El crecimiento de este holding corporativo ha generado un fuerte debate sobre los mecanismos de financiamiento de la actividad política formal en el país. Versiones e informes periodísticos señalan a los hermanos Neuss como principales mecenas y financistas de la Fundación Faro, el espacio de pensamiento y recaudación de fondos estrechamente vinculado a las campañas electorales del oficialismo libertario, utilizando incluso establecimientos propios como el Yacht Club de Puerto Madero para cenas de recaudación con el sector empresario. La puja por el control de la Hidrovía, un negocio estratégico estimado en una facturación anual superior a los 550 millones de dólares, coincide además con el reciente desembarco del Grupo Neuss en la operación de Transener —la red troncal de transporte eléctrico de alta tensión—, situándolos en el centro de la escena ante las inminentes privatizaciones de activos estatales del sector logístico y de servicios públicos.

Por otra parte, la firma DEME se quejó de que debe pagar US$10 millones para presentar objeciones; dijo que, desde el inicio, expresó sus preocupaciones sobre el proceso y no descartó una apelación. Afirman que el proceso licitatorio está direccionado y que esperaban un proceso justo.

 “No existe ningún país en el mundo donde se exija pagar US$10 millones para presentar objeciones respecto de un proceso de licitación, lo cual ya genera serias dudas sobre el procedimiento. Además, también se nos informó que existe una preocupación significativa en la Argentina respecto del proceso actual”, finalizaron, con el mensaje de que “DEME no realizará más comentarios en esta etapa”.