La semana pasada la Cámara de Diputados de la Nación, cuando aprobó la ley que anula el régimen de zona frías, también se le dio media sanción a los beneficios para las distribuidoras de energía al compensarles las deudas millonarias que tienen con Camesa.

Los empresarios José Luis Manzano y Daniel Vila, cuando la media sanción se convierta en ley en el Senado, se van a ahorrar 500 millones de dólares de deuda con Camesa entre Edenor y Edemsa.

El periodista Carlos Pagni, en su programa Odisea Argentina que se emite por La Nación planteó dudas atendibles que los legisladores mendocinos Luis Petri, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Facundo Correa Llano, Mercedes Correa Llano, Alvaro Martínez, Lourdes Arrieta y Julieta Metral ni se plantearon y levantaron la mano calladitos la boca.

Pagni dijo esto en su programa:

"Vila proponía no pagar la deuda con Cammesa porque, según dice, el Estado le debería reconocer todo lo que perdió en tarifas y los ingresos que no tuvo porque hubo paros tarifarios por distintas emergencias energéticas. Vila decía que quería que alguien haga la cuenta de todo lo que debía haber ganado si las tarifas se hubieran actualizado y que le reconozcan esa deuda y se salde con la de Cammesa"

"El planteo de Vila, que parecía insólito en su momento, es lo que se establece en la ley de zonas frías. Se va a hacer un cálculo de cuánto perdieron las distribuidoras desde el kirchnerismo en adelante por distintos congelamientos tarifarios y así se salde la deuda que ellos tienen con Cammesa. Cuando uno mira superficialmente la decisión, parece razonable. En gran medida porque Edenor y Edesur nunca renunciaron al ajuste de tarifas. Siempre tuvieron el reclamo del atraso de los precios, lo que impedía pagar la electricidad".

Las dudas que plantea Pagni son las siguientes:

1-¿Por qué el Estado nacional le reconoce el atraso tarifario solo a esas dos distribuidoras eléctricas (Edenor y Edesur) y excluye al resto de las empresas reguladas que sufrieron el mismo congelamiento, como por ejemplo las del sector del gas?

2-¿Qué va a pasar con las distribuidoras eléctricas que dependen de las regulaciones provinciales y no de la Nación? Si se confirma que las provincias deben absorber ese atraso, ¿cómo impactará esto en la relación política y fiscal con los gobernadores?

3-¿Cómo se controla el comportamiento de los grandes accionistas que inflan los costos de las prestadoras para auto-contratarse a través de sus propias empresas privadas, desviando ganancias y perjudicando a los socios minoritarios?

4-¿Quién frena o regula a los grupos empresarios que endeudan a las empresas de servicios públicos locales para financiar la compra de otras compañías, muchas veces en el exterior?

5-¿Quién tiene la capacidad, la independencia y la decisión política de realizar una auditoría real y profunda sobre el comportamiento financiero y los costos de todas estas empresas?

Luego de plantear estos cuestionamientos, el periodista cerró el tema diciendo: "Con un argumento muy razonable -que hay que compensar a las empresas que fueron castigadas por tener que ajustar sus tarifas-, nos estamos aproximando también a una especie de posibilidad de gran negociado, que terminan pagando los contribuyentes impositivos o los consumidores".