El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a poner sobre la mesa de debate una de las reformas más sensibles para el entramado social y laboral de la Argentina, centrando su atención en el alcance del Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos salariales. En el marco de un planteo de reestructuración fiscal integral, el organismo multilateral de crédito ha expresado su firme intención de que este tributo vuelva a alcanzar al menos al veinte por ciento del total de los trabajadores registrados del país, lo que representaría un giro drástico respecto a la base imponible que se maneja en la actualidad.

Hoy en día, bajo los parámetros que rigen el esquema impositivo para el primer semestre, el piso de ingresos exime a la gran mayoría de los asalariados, dejando a una masa aproximada de novecientas mil personas dentro del universo de contribuyentes que efectivamente tributan. La meta que promueve el Fondo Monetario implica romper de manera tajante con esa inercia y expandir los umbrales de aportantes hasta duplicar las cifras vigentes. En términos concretos, la implementación de esta exigencia técnica significaría incorporar a más de un millón de trabajadores en relación de dependencia que en este momento se encuentran exceptuados del pago, elevando la base de trabajadores alcanzados a un piso de dos millones de personas en todo el territorio nacional.

Para el organismo conducido por Kristalina Georgieva, el retorno a un esquema de Ganancias con una base tan amplia como la que se registraba hacia el año 2019 no es un hecho aislado, sino la columna vertebral de un diseño tributario que busca generar espacio fiscal para compensar la reducción o eliminación de otros impuestos considerados distorsivos para la actividad económica, como los derechos de exportación al agro. Sin embargo, la pretensión técnica del Fondo choca de frente con la realidad del mercado de trabajo, donde la licuación de los ingresos reales y la pérdida de poder adquisitivo transforman cualquier intento de ampliación impositiva sobre los salarios en una medida de alto costo político y de fuerte impacto en el consumo de la clase media trabajadora.