La relación económica entre el Poder Ejecutivo Nacional y las administraciones provinciales ingresó en una fase de fricción constante que amenaza con condicionar los acuerdos políticos de mediano plazo. El centro de la escena vuelve a estar ocupado por el debate en torno al reparto de la recaudación impositiva, una puja que lejos de resolverse se ha atomizado en múltiples frentes técnicos y políticos. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene con firmeza la premisa del equilibrio fiscal a nivel central, una postura que colisiona de forma directa con las demandas de los gobernadores, quienes denuncian un ahogo financiero derivado de la poda de transferencias no coparticipables y la persistente caída de la actividad interna.

El conflicto actual se estructura a partir de tres variables críticas que los gobernadores volvieron a poner sobre la mesa de negociaciones, en un intento por recomponer sus golpeadas arcas locales. El primero de ellos gira en torno a la distribución de los fondos correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Mientras las provincias exigen que se agilice el goteo de estos recursos para atender desequilibrios financieros de carácter urgente, la Casa Rosada mantiene un celoso criterio de discrecionalidad en su asignación, utilizándolos como moneda de cambio y herramienta de presión política en el marco de la discusión legislativa.

El segundo frente de conflicto, y quizás el de mayor impacto en la economía real de los distritos, es el financiamiento de la infraestructura. La virtual parálisis de la obra pública dispuesta por la gestión nacional dejó inconclusos centenares de proyectos viales, de vivienda y de saneamiento a lo largo del territorio nacional. Aunque el Palacio de Hacienda ha ensayado algunos acuerdos bilaterales para traspasar la finalización de ciertas obras menores a las órbitas provinciales, los gobernadores advierten que carecen de la capacidad tributaria propia para absorber semejante nivel de inversión, lo que destruye puestos de trabajo locales y resiente la estructura logística regional.

Para complejizar aún más el escenario, la Casa Rosada activó una contraofensiva orientada a la estructura impositiva de los propios estados provinciales. Desde el Ministerio de Economía se viene ejerciendo una fuerte presión para que las provincias avancen con una reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos, un tributo considerado por el equipo de Caputo como altamente distorsivo y un freno directo para la competitividad empresarial. La propuesta genera un rechazo uniforme entre los ministros de Economía provinciales: argumentan que Ingresos Brutos representa la principal fuente de recaudación propia y que, en un contexto de caída real de la coparticipación federal por la menor actividad económica, resignar dicha alícuota equivaldría a declarar la inviabilidad financiera de sus respectivas administraciones.