La dinámica del poder en la era de La Libertad Avanza vuelve a poner a prueba la resistencia de su propio relato anticasta. Con la reciente e intempestiva eyección de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete —cercado por inconsistencias patrimoniales que ya tramitan en la justicia federal—, los pasillos de la Casa Rosada comenzaron a hamacar un nombre conocido para la gestión pública: Diego "El Colo" Santilli. Sin embargo, el desembarco del experimentado dirigente del PRO no solo representa una sutura política con el ala dura del macrismo, sino que reabre un archivo de sospechas contables e investigaciones de inteligencia que, paradójicamente, guardan un asombroso paralelismo con el escándalo que acaba de eyectar a su antecesor.

El principal escollo en el legajo de Santilli no es nuevo, pero cobra una vigencia brutal. Se trata de lo que en los tribunales de Comodoro Py se conoció en su momento como su "milagro contable". Entre sus declaraciones juradas de 2015 y 2016, correspondientes a su período como vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el dirigente reportó una deuda hipotecaria de 550.000 dólares a favor de Marcos Podestá. El dato no era menor: Podestá era un activo contratista del propio Estado porteño a través de la firma Mantenimiento y Construcciones SA. El verdadero interrogante judicial y ético surgió un año después, cuando la millonaria deuda en moneda extranjera desapareció por completo de sus papeles informados ante la Oficina Anticorrupción. Con un sueldo público que por entonces promediaba los 80.000 pesos netos mensuales, la cancelación de semejante pasivo resultaba matemáticamente incompatible con los ingresos de un funcionario, abriendo una sospecha de blanqueo o de dádivas que nunca terminó de saldarse de cara a la sociedad.

A esta inconsistencia se le suma la polémica adquisición de un piso de alta gama en la Avenida Figueroa Alcorta, justo frente al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). La propiedad, adquirida inicialmente por un valor de mercado de 800.000 dólares, sufrió en las declaraciones posteriores una devaluación fiscal del 85% en sus registros oficiales, una maniobra habitualmente bajo la lupa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por presunta evasión o subatención de activos.

Pero quizás el flanco más sensible y detallado provenga de las propias entrañas del poder durante el gobierno de Mauricio Macri. En el marco de la megacausa por espionaje ilegal que instruyó la justicia federal (Causa Federal n.° 14149/2020), quedaron asentadas las pericias y escuchas telefónicas a los propios agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En aquellos audios, Alan Ruiz, entonces director de Operaciones Especiales de la AFI, detallaba con asombro el fastuoso nivel de vida de Santilli. Las carpetas de inteligencia describían comitivas familiares extendidas y viajes de ultra lujo en efectivo a destinos como Dubái, con erogaciones que la propia central de espías consideraba "injustificables" para la capacidad de ahorro de cualquier asalariado del Estado.

El eventual ascenso de Santilli al corazón del Gobierno no solo reactiva estas alertas patrimoniales, sino que expone una contradicción ideológica severa para el presidente Javier Milei. En el archivo audiovisual y de redes —fácilmente rastreable en los archivos de las campañas de 2021 y 2023— el propio mandatario libertario supo calificar a Santilli como un "pésimo candidato", un "engendro" y un exponente conspicuo de la "casta política" que venía a parasitar el esfuerzo privado. Hoy, el pragmatismo de la gobernabilidad parece obligar al oficialismo a ofrecerle la botonera del Estado a los mismos nombres que ayer prometía desterrar, intentando apagar el incendio de un funcionario sospechado con el legajo de otro históricamente cuestionado.