El Gobierno avaló el plan de expansión eléctrica de la minera Vicuña Argentina para su proyecto Josemaría, rechazando todas las impugnaciones presentadas por provincias y otras empresas mineras, mediante la Resolución 330/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La decisión fue adoptada por el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) y AL otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para un conjunto de obras estratégicas en la provincia de San Juan, que incluyen:
- La adecuación de la Estación Transformadora (ET) Nueva San Juan para vincularla en 500 kV con Rodeo.
- La construcción de la playa de 500 kV de la ET Rodeo.
- La creación de una nueva Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 kV entre las localidades de Rodeo y Chaparro, con una extensión aproximada de 167 kilómetros.
- La construcción de la Nueva ET Chaparro (500/220 kV), que servirá como punto de conexión para los 260 MW de demanda inicial del proyecto minero.
El pronunciamiento oficial ratifica el otorgamiento a Vicuña de una prioridad de uso del 90% sobre la capacidad de transporte remanente e incremental generada por estas obras. Esta preferencia tendrá una vigencia de 25 años, coincidente con la vida útil estimada del proyecto.
El organismo regulador justificó esta decisión bajo el principio de que “el beneficiario paga”, señalando que el inversor privado asume el 100% del riesgo financiero y los costos de construcción (CAPEX). Según el ENReGE, esto incentiva la inversión sin trasladar costos a los usuarios residenciales ni al Estado.
Asimismo, sostuvo que “reconocer derechos prioritarios temporales al inversor, aparece como una herramienta razonable y necesaria para promover obras que, de otro modo, probablemente no se ejecutarían”. En este sentido, remarcó que “estas obras benefician no solo al inversor, sino también al conjunto del sistema eléctrico y al desarrollo económico de nuestro país”.
Rechazo a las oposiciones provinciales y mineras
La resolución desestima formalmente las impugnaciones presentadas por diversos actores que se habían manifestado en la Audiencia Pública del 3 de junio de 2026. Entre los reclamos rechazados figuran:
San Juan y La Rioja: el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan y la Secretaría de Energía de La Rioja argumentaron que la obra afectaba la planificación regional y derechos preexistentes sobre la infraestructura. El ENREGE respondió que el transporte en alta tensión es de jurisdicción federal exclusiva y que las provincias no tienen poder de veto sobre el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Otras mineras: empresas como Andes Corporación Minera (Proyecto Los Azules) y Golden Mining (Proyecto Hualilán) denunciaron que la prioridad del 90% actuaba como un “bloqueo” para otros emprendimientos. El regulador descartó esto, afirmando que la obra robustece el sistema y que el 10% restante de capacidad libre es suficiente para cubrir demandas intermedias.
Con la emisión del CCyNP, la empresa transportista Transener asumirá la responsabilidad de la operación y mantenimiento de las nuevas estaciones transformadoras una vez finalizadas. Por su parte, Vicuña deberá gestionar las servidumbres administrativas de electroducto y cumplir con los requerimientos técnicos de los organismos de control para garantizar la estabilidad del sistema interconectado.
