La presentación se produjo luego de que el fiscal Sergio Mola pidiera la detención tanto de Insaurralde como de Jésica Cirio, en un requerimiento elevado al juez federal Luis Armella, quien deberá definir la situación procesal de ambos.
De acuerdo con la defensa, la acusada se enteró del pedido a través de los medios de comunicación y, de inmediato, sus letrados se presentaron ante el juzgado para fijar posición y evitar una medida restrictiva de su libertad.
En el escrito judicial, los abogados argumentaron que no existen riesgos procesales que justifiquen una detención preventiva, tal como exige el Código Procesal Penal. En ese marco, insistieron en que no hay peligro de fuga, subrayando que Cirio “siempre estuvo a derecho”, con domicilio conocido y verificado, y que ha informado oportunamente sus movimientos dentro y fuera del país. A ello sumaron su condición de figura pública, lo que —según sostienen— haría inviable cualquier intento de ocultamiento.
La defensa también remarcó aspectos personales para reforzar su planteo: indicaron que Cirio tiene una hija menor escolarizada y que además cursa un embarazo avanzado, elementos que, a su entender, consolidan su arraigo y descartan cualquier hipótesis de fuga. En ese sentido, calificaron como “insostenible” la presunción de que pudiera sustraerse de la acción judicial.
Respecto del segundo argumento central —el riesgo de entorpecimiento de la investigación—, los abogados negaron que su clienta haya presionado o intentado influir sobre testigos.
Si bien reconocieron que la causa incluye la declaración de personas de su entorno, como una empleada doméstica, plantearon que no existe evidencia de interferencias ni conductas obstructivas por parte de Cirio.
En concreto, los letrados señalaron que no se puede determinar con precisión ni la fecha ni el lugar de las imágenes, lo que debilitaría su valor judicial. Además, recordaron que el propio fiscal solicitó peritar el archivo para verificar si sufrió manipulaciones, cortes o ediciones, lo que —según la defensa— refuerza la necesidad de cuestionar su autenticidad y admisibilidad.
A este planteo se suma el testimonio del productor Diego Suárez, quien, según la estrategia de Cirio, habría vinculado el video con un posible esquema de extorsión.
De acuerdo con esa versión, existirían antecedentes de pagos para evitar la difusión de las imágenes, lo que introduce un elemento adicional en la discusión sobre su origen y confiabilidad.