Río de Janeiro
La Policía dice que 95% de los muertos eran narcoterroristas vinculados al Comando Vermelho
Un informe oficial sobre 115 civiles muertos tenían antecedentes o mostraron en sus redes "indicios de participación en el narcotráfico". Los dos casos no resueltos y la polémica sobre las cifras.
Tras el violento operativo en las favelas de Río de Janeiro, que terminó con decenas de cadáveres apilados por los vecinos en la calle, la Policía afirmó que más del 95% de los muertos que ya pudieron ser identificados tenían "vínculos comprobados" con el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil.
La Policía Civil del estado divulgó un balance con información sobre 115 de los 117 civiles muertos reconocidos por las fuerzas de seguridad, sin contar los cuatro agentes que fallecieron durante la acción.
De los 115 fallecidos que fueron identificados, "más del 95 %" tenían un "vínculo comprobado" con la organización criminal, sostiene el informe. Mientras que las otras dos pruebas periciales dieron resultados "inconclusos".
Hasta el momento, la cifra de muertos no está clara y varía según la fuente. Según cifras de la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos, el balance de fallecidos llega a 132, pero el Gobierno regional solo ha confirmado 121 (117 civiles y cuatro agentes de seguridad).
Según la policía, "por lo menos" 97 personas tenían antecedentes criminales "relevantes" y 59 eran buscados por órdenes judiciales de detención.
Otros 17 no presentaban antecedentes criminales. Sin embargo, la Policía consideró que doce de ellos "demostraron indicios de participación" en el narcotráfico en sus redes sociales.
"Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando vínculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policías, habrían sido detenidos", según el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, citado en el informe.
Además, el informe detalló que 62 de los fallecidos eran foráneos al estado de Río de Janeiro, la mayoría oriundos de los estados de Pará (19), de Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9). El resto se divide entre Ceará, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santos, São Paulo y Distrito Federal.
El informe reveló la presencia de líderes de grupos armados de al menos once estados del país vinculados al Comando Vermelho refugiados en Río de Janeiro.
"La investigación concluida es el verdadero retrato del escenario del que he estado hablando insistentemente. Fue un duro golpe para la delincuencia. Entre los que murieron al reaccionar a la acción de las fuerzas policiales, había varios líderes criminales", expresó el gobernador del estado, Cláudio Castro, en un comunicado.
El megaoperativo policial en los complejos de favelas Penha y Alemão, que movilizó a 2.500 agentes, tenía como objetivo combatir el Comando Vermelho.
El caso ha generado una fuerte polémica en Brasil y ha llevado a la ONU y a organismos de defensa de derechos humanos a pedir investigaciones independientes.
La Corte Suprema de Brasil ordenó al Gobierno de Río de Janeiro la "preservación y documentación" de todas las pruebas materiales relacionadas con cruenta operación policial que dejó más de un centenar de muertos.
En una decisión dictada el domingo, el juez Alexandre de Moraes ordenó que la preservación total y la documentación de los elementos materiales, incluidos los peritajes y sus cadenas de custodia, se realice de forma "rigurosa e integral" para asegurar la transparencia y la investigación de los hechos por parte del Ministerio Público.
El pedido se enmarca en una sentencia previa de la Corte, en la que se dictaron una serie de nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.
El Supremo busca supervisar si el Gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos de derechos humanos establecidos por el tribunal.
