La Comisión de Fiscalización del Congreso legislativo de Perú aprobó un informe en el que se recomienda al pleno evaluar la vacancia de la presidenta, Dina Boluarte, por abandono indebido del cargo, debido a cirugías estéticas en el rostro que le practicaron en 2023, informaron medios internacionales.
“El Congreso se encuentra en la obligación constitucional de valorar si dicha conducta [el abandono del cargo] compromete irreversiblemente la integridad moral de la presidenta para ejercer el cargo y, en consecuencia, si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de su vacancia por la causal de incapacidad moral permanente, tipificada en la carta magna”, destaca el informe aprobado por la Comisión.
El año pasado, el periodismo de investigación reveló que Dina Boluarte se había sometido a una cirugía facial en junio de 2023, presumiblemente por razones estéticas.
Tras las revelaciones, la presidenta negó el incidente, aunque posteriormente admitió que se había operado la nariz por motivos de salud, informó la Agencia Noticias Argentinas.
Sin embargo, el médico que la operó, Mario Cabani, admitió ante la Comisión de Fiscalización la semana pasada que Dina Boluarte se había sometido a cuatro cirugías faciales, todas ellas estéticas.
La mandataria ya cuenta con una investigación en el Ministerio Público por las cirugías, pues Boluarte no pidió autorización al Congreso para abandonar el cargo durante los días en que no atendió en su despacho por encontrarse internada en la Clínica Cabani, ubicada en Lima, atravesando el proceso postoperatorio.
El informe aprobado por la Comisión de Fiscalización fue elaborado por el parlamentario Juan Burgos y también sostiene que la mandataria habría incurrido en el delito de abandono indebido del cargo. El informe de la Comisión de Fiscalización será remitido al pleno en los próximos días para que sea votado, detalló el sitio Sputnik News.
Entonces, si consigue 87 votos a favor, en un parlamento de 130 representantes, Dina Boluarte será destituida del cargo por la causal constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer el cargo, concluye ese informe.
