A partir del 2 de septiembre, el Tribunal Supremo Federal de Brasil juzgará al expresidente Jair Bolsonaro por supuestamente planear un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.
El juicio se extenderá hasta el 12 de septiembre, y si es declarado culpable, Bolsonaro, de 70 años, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El expresidente, que se ha declarado inocente, está en prisión domiciliaria preventiva desde principios de agosto por violar restricciones impuestas por la corte.
El caso ha generado una crisis diplomática entre Estados Unidos y Brasil, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump calificara el proceso como una "caza de brujas" e impusiera aranceles comerciales en represalia. Además de la trama golpista, a Bolsonaro se lo investiga por un presunto plan para asesinar a su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El Supremo Tribunal Federal (corte suprema) de Brasil decidirá a partir del 2 de septiembre, en sesiones que se extenderán hasta el 12 de ese mes, si el expresidenteJair Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, según anunció este viernes.
El fallo de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el exmandatario (2019-2022) por supuestamente haber intentado impedir la asunción de Lula, luego de que éste lo derrotara en las elecciones de 2022.
El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala, decidió que el veredicto sea estudiado en “sesiones extraordinarias los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre”, indica un comunicado del supremo, citado por el portal RFI.
De ser hallado culpable, Bolsonaro, de 70 años, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Según la fiscalía, el supuesto plan golpista se habría frustrado por falta de apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas. Jair Bolsonaro, líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, se ha declarado inocente y dice ser un “perseguido”.
El expresidente se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde principios de agosto, ya que el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, consideró que violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse a través de redes sociales. El Supremo Tribunal Federal (STF) también juzga por golpismo a otros siete excolaboradores de Bolsonaro.
El juicio ha desatado una crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó de “caza de brujas” y en represalia implementó aranceles comerciales de hasta 50% a Brasil. Estados Unidos también impuso sanciones a Moraes y a otros siete magistrados de la corte.
La sesión fijada para el 2 de septiembre comenzará con la lectura de Moraes de su relatoría del juicio. Luego habrá lugar para las últimas palabras de la fiscalía y las defensas.
Finalmente, los cinco jueces de la sala del STF que lleva el caso, incluyendo a Moraes, darán a conocer sus votos y sus justificaciones sobre la culpabilidad o inocencia de cada acusado en relación con cada delito imputado.
Los jueces se manifestarán por turnos y de forma oral y pública, lo que puede implicar que la votación demore más de una jornada. Los acusados pueden optar por estar presentes o no en la sala.
Durante el juicio, Jair Bolsonaro no sólo fue indagado sobre la presunta trama golpista sino también sobre un supuesto plan para asesinar al izquierdista Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes.
Luiz Inácio Lula da Silva
Bolsonaro negó la existencia de ese plan, aunque admitió haber evaluado “si existía alguna hipótesis de un dispositivo constitucional” para impugnar los resultados de las presidenciales de 2022, sobre las que aún hoy el expresidente arroja sospechas de fraude.
El capitán retirado del Ejército se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación brasileño, lo que le impide presentarse a las presidenciales del próximo año.
Jair Bolsonaro también niega responsabilidad en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando centenares de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia pocos días después de la asunción de Lula. La fiscalía ve los disturbios como un último intento del expresidente de aferrarse al poder.