El Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó el martes a evaluar el caso contra Jair Bolsonaro, el expresidente acusado de planear un golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022, dando inicio a un juicio que lleva años gestándose y que supondrá una prueba importante para la democracia del país. Sin embargo, Bolsonaro no estaba ahí.

No compareció ante el tribunal debido a su mal estado de salud, dijo su equipo de defensa a los periodistas afuera del tribunal. Antes del juicio, uno de sus hijos dijo a un sitio de noticias brasileño que Bolsonaro había estado sufriendo un hipo debilitante que el expresidente atribuye a complicaciones de un ataque con arma blanca ocurrido durante la campaña electoral de 2018.

Bolsonaro, de 70 años, ha estado bajo arresto domiciliario, con un monitor en el tobillo, durante semanas. Luego, durante el fin de semana, las autoridades brasileñas reforzaron las medidas de seguridad, colocando agentes de policía alrededor de su casa ante la preocupación de que pudiera intentar huir y posiblemente buscar refugio en la embajada de Estados Unidos, que se encuentra cerca de su domicilio.

Los fiscales acusan a Bolsonaro y a siete miembros de su círculo íntimo de dirigir un amplio complot para aferrarse al poder tras su derrota en las urnas en 2022, de intentar anular los resultados, de intentar sumar a las fuerzas armadas en su plan y de hacer planes para envenenar al rival de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, quien actualmente es presidente de Brasil.

Bolsonaro y los demás acusados enfrentan cargos penales, como “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”. Si es declarado culpable, Bolsonaro podría ser condenado a más de 40 años de prisión.

Bolsonaro niega haber tramado un golpe de Estado o planeado asesinar a Lula, pero, en un testimonio previo al juicio, en junio, dijo al tribunal que había “estudiado formas previstas en la Constitución” para permanecer en el poder tras su derrota electoral. La mayoría de los analistas, apuntando a un cúmulo de pruebas, esperan que la mayoría del tribunal de cinco miembros del Tribunal Supremo declare culpable a Bolsonaro.

En su declaración inicial, el magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, que supervisa el caso, dijo que la “impunidad” no era una opción para quien estuviera implicado en el complot.

El proceso comenzó el martes en medio de un fuerte operativo de seguridad alrededor del Supremo Tribunal Federal. Se usaron perros rastreadores de explosivos para examinar el edificio y un dron de la policía para vigilar la zona.

En el interior, los agentes de policía vigilaban los pasillos y la pequeña sala donde los magistrados del Supremo Tribunal deliberaban sobre el caso. Los equipos de seguridad encargados de proteger a los jueces estaban en alerta máxima y, según las autoridades brasileñas, se elaboraron planes de evacuación de emergencia por si era necesario.

La sala estaba abarrotada con periodistas y los abogados de los acusados, pero solo uno de los acusados se presentó ante el tribunal. El público observó el proceso en directo en una sala de audiencias cercana.

El juicio es el último paso de un proceso que ha durado meses. En las sesiones previas al juicio, los magistrados ya oyeron a más de 50 testigos y a todos los acusados. Está previsto que la fase final se desarrolle a lo largo de las dos próximas semanas, y se espera un veredicto, y una posible sentencia, a partir del 12 de septiembre.

En Brasil, que pasó por una brutal dictadura militar de 1964 a 1985, el procesamiento penal de un presidente y de sus poderosos aliados militares es visto por muchos como una victoria de la democracia.

Pero el juicio también ha detonado una crisis diplomática entre las dos naciones más pobladas del hemisferio occidental, ya que el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha salido en ayuda de Bolsonaro, su aliado político, y ha intentado intimidar a Brasil para que abandone el caso.

En julio, Trump amenazó a Brasil con imponer aranceles, exigiendo que se pusiera fin a lo que calificó de “cacería de brujas” contra Bolsonaro. Luego cumplió su amenaza, imponiendo aranceles del 50 por ciento a Brasil y aplicando sanciones a De Moraes.

Uno de sus hijos también ha estado presionando de manera insistente a la Casa Blanca para que ayude a su padre.

Durante el discurso de apertura del martes, De Moraes condenó los esfuerzos de Bolsonaro y de su hijo por buscar la intervención de Trump, calificando sus acciones de cobardes y traicioneras.

“Esta coacción, este intento de obstrucción”, dijo, “no afectará a la imparcialidad e independencia de los jueces de este Supremo Tribunal”.