El gobierno de Venezuela informó este lunes que la cifra de fallecidos por los terremotos ocurridos el 24 de junio pasado llegó a 3.535. Por otra parte, una ONG que trabaja en la zona afirmó que las pérdidas y los esfuerzos para la reconstrucción podrían ascender a US$ 37.000 millones, lo que representa cerca del 40 % del PBI.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que ya son 16.740 los heridos por los sismos. A su vez, 6.462 personas han sido rescatadas y 25.016 pacientes fueron atendidos por los efectos de los poderosos sismos.
El parte oficial consigna también que hay 17.854 personas sin vivienda, ya sea porque los inmuebles colapsaron o quedaron dañados, o porque todavía está bajo evaluación su habitabilidad. Para atender esa situación, hay 82 campamentos transitorios, según informó Rodríguez.
Para atender la emergencia, el Estado coordina el despliegue de 29.567 efectivos del Ejército y cuerpos de seguridad, quienes trabajan junto con un registro de 27.930 voluntarios civiles. Hasta el momento, el plan de contingencia ha distribuido 9.603 toneladas de alimentos a un total de 86.794 familias damnificadas.
Terremotos en Venezuela
Por su parte, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela informó el lunes por la mañana que la cantidad de personas que siguen sin contacto bajó a 30.229. Estiman que las pérdidas por los terremotos podrían ascender a US$ 37.000 millones
Las pérdidas y los esfuerzos por reconstrucción tras los terremotos en Venezuela podrían ascender a 37 mil millones de dólares, estimó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
A través de su cuenta en X, la organización indicó que las cifras preliminares representan “casi 40% del PIB actual”. Provea destacó la importancia de la participación de organizaciones multilaterales en la reconstrucción.
“En un escenario tan complejo, y con una emergencia humanitaria preexistente, el papel de las organizaciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, la CAF y otras, es vital para la planificación y financiación de la reconstrucción, sin comprometer aún más las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos ni generar más deuda que anularía las perspectivas de desarrollo”, detalló.