Fin del conflicto
La Corte ratificó que 3.500 hectáreas del sur mendocino no son de una comunidad mapuche
El gobernador Alfredo Cornejo celebró el fallo del máximo tribunal. "Es una decisión coherente y sensata", sostuvo.
La Corte Suprema de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la "Comunidad Mapuche Lof El Sosneado" para retrotraer el desalojo en 3.500 hectáreas de San Rafael que eran reclamadas por la empresa Sociedad Minera Argentina S.A.
De esta manera, el conflicto llegó a su fin, pero podría haberse resuelto de manera diferente luego de que en 2023 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le diera trámite a la personería jurídica de ese colectivo indígena.
El gobernador Alfredo Cornejo se hizo eco de la noticia este martes. "Es una decisión coherente y sensata del máximo tribunal, que reafirma una posición que sostuve desde mi etapa como senador y que en la actualidad encuentra una resolución definitiva", resaltó en su cuenta de X.
En ese sentido, el mandatario cargó contra la administración del gobierno del Frente de Todos que culminó en 2023. "Esta decisión que sustenta la posición de los legítimos dueños de las tierras, se complementa con la decisión que conseguimos torcer este año y que termina con el ridículo intento del Gobierno de Alberto Fernández por legitimar una ocupación sin sentido", señaló.
"El fallo confirma lo que ya indicaban los antecedentes históricos: esta comunidad no tiene raíces ni posesión ancestral en nuestra provincia ni en el país", agregó Cornejo.
Asimismo, etiquetó en la publicación al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, con quien en la última campaña electoral había encabezado una conferencia de prensa para denunciar "una red que vende tierras a falsos mapuches".
El conflicto que resolvió la Corte
En concreto, el máximo tribunal argentino actuó sobre una sentencia civil de la Segundo Cámara de Apelaciones provincial, la cual había rechazado que la ocupación de ese predio cumpliese los requisitos de la Ley 26.160 que dispone la suspensión de desalojos sobre territorios ocupados por comunidades indígenas.
El espacio, ubicado en Arroyo Blanco, era ocupado sin renovación de contrato ni pago de alquiler por Nilda Edith Verón, hija del anterior arrendatario del predio.
