El diputado Gerardo Milman del PRO presentó un proyecto de ley para eliminar la prohibición de allanar domicilios particulares y comerciales de funcionarios públicos con fueros. El objetivo es agilizar las investigaciones judiciales y evitar que los funcionarios destruyan pruebas, siempre preservando los despachos oficiales. Milman argumenta que los fueros deben proteger de la persecución política, no de la búsqueda de pruebas por parte de la Justicia, buscando dar más herramientas al Poder Judicial para investigar la corrupción.
El diputado Gerardo Milman, del PRO, presentó un proyecto de ley para derogar la prohibición de allanamiento de domicilios particulares y comerciales de los funcionarios públicos comprendidos en la Ley de Fueros.
La iniciativa apunta a que en el marco de las investigaciones judiciales los funcionarios no puedan escudarse en sus fueros para evitar los allanamientos, con la única excepción de que los despachos oficiales se mantienen a resguardo.
"Nuestra propuesta tiene como objetivo acelerar las causas judiciales que involucran a funcionarios públicos, diputados y senadores nacionales y que éstos no tengan tiempo de eliminar pruebas que los involucren en casos de corrupción y otros", señaló el legislador del PRO.
El diputado nacional Gerardo Milman.
Para Milman, "la prohibición de allanar domicilios particulares y comerciales de los funcionarios no sólo obstaculiza el accionar del Poder Judicial, sino que erosiona la confianza en las instituciones y en el orden jurídico".
"Los fueros están para proteger al funcionario de una persecución política o judicial que lo priven de la libertad sin una condena, pero no para evitar que la justicia busque pruebas durante el proceso judicial en los ámbitos que crea conveniente", afirmó.
"Queremos darle herramientas a la Justicia para que pueda investigar y allanar sin trabas de parte de la corporación política, pero preservando los despachos oficiales del funcionario público", finalizó