La Corte Suprema finalmente ratificó la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad y ese fallo le impide a la ex mandataria y actual presidenta del Partido Justicialista ser candidata competir en las próximas elecciones legislativas, como había anunciado.
La condena fue formalizada por el máximo tribunal de Justicia de la Nación nueve años después del inicio de la investigación, en 2016. Desde ese momento fueron catorce los jueces que participaron del proceso, que comenzó con la denuncia que realizó Javier Iguacel, ex director de Vialidad Nacional en la gestión de Mauricio Macri.
El primero de los jueces, al frente de la instrucción de la causa, fue Julián Ercolini. Estuvo a cargo de la investigación mientras que quienes acusaban a la ex mandataria eran los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. Pollicita llegó a Comodoro Py en 2005, bajo la primera presidencia kirchnerista, y Mahiques asumió en la fiscalía el 15 de junio de 2015, con un decreto que llevaba la firma de Cristina Kirchner.
Al enviar la causa a juicio oral, Ercolini sostuvo que "durante las administraciones kirchneristas se instauró una maniobra de corrupción desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública”, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez.
Después de la etapa de instrucción y antes de llegar al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 que llevó adelante el juicio, el expediente fue revisado por la Sala I de la Cámara Federal que en ese momento integraban los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, y también por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que tenía como magistrados a Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.
Los jueces del TOF 2 que llevaron adelante el juicio que derivó en la condena a Cristina fueron Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Tras más de dos años y medio de audiencias, el 6 de diciembre de 2022 el tribunal dictó la sentencia condenatoria: la encontraron culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La pena fue de seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
Los tres jueces que firmaron la condena fueron designados por la propia Cristina Kirchner. En 2011 juraron como integrantes del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. En 2015, bajo el mismo procedimiento, Andrés Basso se sumó al TOF 3. Años después, salió sorteado para integrar el TOF 2.
El fiscal general que llevó adelante la acusación durante el juicio fue Diego Luciani, quien durante sus alegatos y con la apelación posterior a la condena pidió que también se incluyera el delito de asociación ilícita en carácter de jefa con doce años de cárcel. Luciani asumió en su cargo el 9 de septiembre de 2013, con el decreto 1137 firmado por Cristina.
El paso siguiente tras la condena y la apelación de la defensa de la expresidenta, fue la revisión por parte de la Cámara de Casación integrada por Borinsky, Hornos y Diego Barroetaveña, quienes ratificaron el fallo.
Finalmente, el último paso fue la Corte Suprema, que confirmó la condena a Cristina Kirchner a través del fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Antes de ratificar la condena la Corte ya había intervenido en la causa, cuando rechazó una serie de planteos procesales que despejaron el camino para realizar el juicio oral. Esa intervención ocurrió cuando Juan Carlos Maqueda aún integraba el máximo tribunal.
La resolución que hizo pública la Corte le impide a Cristina Kirchner ser candidata a diputada bonaerense por la tercera sección electoral, tal como había adelantado en medio de la disputa interna con el gobernador Axel Kicillof por haber desdoblado las elecciones.