La confirmación de la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema marca un hito sin precedentes en la historia argentina. Se convierte en la primera expresidenta constitucional en ser condenada de manera firme, diferenciándose de casos como el de Carlos Menem, quien falleció antes de que su condena quedara firme. Este escenario plantea numerosas incógnitas sobre cómo se ejecutará la sentencia, dejando en claro que "nada es automático" en este proceso judicial que se estima demorará entre una semana y diez días.
El camino de la ejecución de la sentencia comenzará cuando la Corte Suprema notifique su decisión a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, quien a su vez la remitirá al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para la ejecución de la condena. Este tribunal será el encargado de llevar adelante los próximos pasos, incluyendo la convocatoria a Cristina Kirchner y a los otros ocho condenados para notificarlos formalmente de la sentencia. Paralelamente, la Cámara Nacional Electoral será informada de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que implicará que la expresidenta será excluida del padrón electoral y perderá su derecho a presentarse como candidata a cualquier cargo electivo.
La ley de Ejecución Penal 24.660, actualizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner, será la normativa aplicable para definir el cumplimiento de la pena. Su artículo 32 establece que "el Juez de ejecución podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria". Si bien Cristina Kirchner, de 72 años, supera la edad de 70 que habilita este beneficio, la decisión final recaerá en el juez Gorini, quien deberá considerar su edad y sus problemas de salud, como el hematoma subdural crónico que sufrió en 2013. Para esto, se requerirá una evaluación del Equipo Médico Forense y la opinión de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mora.
La posibilidad de la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner se enfrenta a la controversia generada por las numerosas quejas de abogados de derechos humanos que se opusieron a este beneficio para militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, su historial médico será un factor a considerar. En caso de que se conceda la prisión domiciliaria, la ley exige la implementación de un dispositivo electrónico de control, salvo que una decisión judicial lo dispense.
La ejecución de la pena en su domicilio, entonces, deberá ser aceptada por el Tribunal Oral y los fiscales. Si bien este es el escenario más probable según los antecedentes, la defensa podrá proponer domicilios que se adecuen a las características de la condena y que preferentemente estén cercanos a los tribunales.
La situación de Cristina Kirchner plantea desafíos inéditos en cuanto a su custodia. Actualmente cuenta con guardaespaldas de la Policía Federal, pero en caso de prisión domiciliaria, pasaría a estar bajo control del Servicio Penitenciario Federal, una decisión que no tiene precedentes.
Finalmente, el régimen de visitas se convertirá en un punto crucial, ya que se espera que la expresidenta intente convertir su lugar de detención en un espacio similar a la "Puerta de Hierro" de Perón en Madrid, donde vivió proscripto hasta 1973. Este caso, al ser el de la primera expresidenta constitucional en ser condenada, abrirá un nuevo y complejo capítulo en la historia judicial argentina.
