Lo que no sabés de una resolución clave

La imagen de la justicia, representada por esa balanza que debería sopesar imparcialmente los méritos y las culpas, ha estado largamente bajo el peso de cargas inusitadas en Argentina. Abarrotada de maniobras políticas, de conveniencias e intereses partidarios, de afectos y rencores personales, y con un historial que a menudo ha sido más sombrío que ejemplar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación escribió este martes un capítulo definitorio. Este día marcó un hito en los anales del poder judicial y en la configuración institucional del presente argentino, al cerrar de manera concluyente un expediente judicial que, a lo largo de años, investigó, comprobó, juzgó y finalmente condenó un fraude multimillonario al Estado, perpetrado por una organización criminal liderada por Cristina Kirchner.

Dejando de lado, por ahora, las inevitables repercusiones políticas de esta sentencia, es crucial destacar algunas certezas inquebrantables. La Corte no hizo más que coronar el trabajo que, desde 2008, había comenzado y desde 2016 había acelerado el juez Julián Ercolini. Este proceso fue luego meticulosamente revisado por tres camaristas federales, juzgado en extensas audiencias orales y públicas por los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2, y confirmado por otros tres magistrados distintos en la Cámara Federal de Casación Penal. En total, hablamos de un consenso judicial que involucra a diez jueces. A esta lista, hay que sumar la intervención de seis fiscales, incluyendo al procurador Eduardo Casal. Son dieciséis magistrados en total; todos ellos, sin excepción y con el grado de certeza que corresponde a cada etapa procesal, encontraron culpable a la expresidenta.

Este dato es el fundamento principal para comprender por qué la Corte no tenía, bajo ninguna circunstancia, margen jurídico para apartarse de ese camino. Sus ministros no analizaron la condena en sí, que ya era definitiva en las instancias inferiores, sino la correcta aplicación y vigencia de las garantías constitucionales durante el proceso. Pero además, no tenía margen político. No por las presiones monumentales que sus ministros pudieron soportar desde fuera del Palacio de Justicia, sino por el impecable y arduo trabajo de sus propios subordinados, quienes durante años debieron tolerar presiones iguales o incluso mayores, amenazas y operaciones de todo tipo, resistiendo la tentación de ceder.

La carrera contra el tiempo y los fueros

Esta primera base nos conduce a una segunda cuestión fundamental: la Corte no podía ni debía dilatar su decisión, que a la luz de su propia jurisprudencia y antecedentes, resultaba casi obvia. Cualquier demora que permitiera a Cristina Kirchner cruzar el "Rubicón" de los fueros legislativos habría convertido cualquier resolución judicial en papel mojado. Un escenario así habría desatado un verdadero tsunami de desprestigio sobre los ministros y habría provocado una gravísima crisis interna en la justicia federal, algo impensable para la estabilidad institucional del país.

Porque el resonante "Caso Vialidad" debe ser leído a la luz de algunos antecedentes incómodos –¿quizás vergonzantes?– para el máximo tribunal. Pensemos, por ejemplo, en los procesos judiciales que involucraron a otro expresidente, Carlos Menem. Con varios expedientes por corrupción en su contra que siguieron caminos sinuosos hacia la nada, el líder riojano sí fue condenado en 2015 a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios de sus gobiernos con fondos de la SIDE. La Cámara Federal de Casación confirmó esa condena en octubre de 2018. Sin embargo, la Corte no intervino y Menem falleció el 14 de febrero de 2021, aún ocupando su banca en el Senado desde 2005. Recién en diciembre de ese año, casi un año después de su muerte, el máximo tribunal declaró abstracta la acusación.

Este estigma de ineficiencia –o de tibieza, o de connivencia, según la perspectiva con la que se analice el tema– se cernía sobre la Corte como un espectro. Bajo esa luz, era políticamente intolerable repetir el experimento con Cristina Kirchner si ella lograba refugiarse nuevamente en el Congreso y la sentencia quedaba sin aplicación. Aunque parezca lejano y de un orden más prosaico, también hizo lo suyo la jueza Julieta Mackintach, al darle escala planetaria a un papelón indigerible durante el juicio oral por la muerte de Diego Maradona. En esa ocasión, convirtió la sala de audiencias de San Isidro en un set de televisión para filmar una serie donde ella sería la protagonista y los acusados y abogados, meros actores de reparto. El escándalo fue tan grande que la presidenta de la Corte bonaerense, Hilda Kogan, tuvo que intervenir personalmente para suspender a la jueza y promover su juicio político con la mayor celeridad posible.

Estos son solo dos ejemplos –largamente comentados en tribunales en las últimas semanas– que ilustran una realidad palpable: el desprestigio de los jueces era un vaso lleno al que no le cabía una sola gota más de agua. Era imperativo vaciarlo, y el caso Vialidad representó una oportunidad inmejorable para demostrar –o al menos para proponer– que la Justicia no es una bolsa de corruptos y oportunistas que mueven o "cajonean" expedientes según las conveniencias o la billetera de los políticos. O, al menos, que no todos sus jueces son así.

Con el caso ya consolidado por las instancias previas, el contundente dictamen del procurador e incluso el informe de la secretaría Penal de la propia Corte, cada detalle fue meticulosamente revisado para limpiar el trámite de cualquier posible objeción burocrática.

Otro antecedente reciente limitó el margen de los ministros para dilatar su decisión, si es que hubieran especulado con hacerlo: en el caso de la "Ruta del Dinero K", para cuya resolución hubo que sortear y convocar a dos conjueces, los elegidos leyeron y resolvieron trece recursos de queja en solo diez días –entre el 19 y el 29 de mayo–, respecto de una causa en la que jamás habían intervenido. Ante tal celeridad, ¿cuánto tiempo iba a tomarse la Corte para analizar los nueve recursos que aterrizaron en sus despachos el 13 de febrero?