Justicia
Cristina y los 8 condenados deberán devolver $ 85.000 millones
El monto no incluye la cifra que se deberá determinar por una demanda civil por daños y perjuicios iniciada en el gobierno de Macri y reactivada por Milei.
La Corte Suprema de Justicia ha ratificado la condena por corrupción contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner. Esta decisión implica que, además de la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ella y los demás condenados deberán restituir 85.000 millones de pesos al Estado nacional. Esta suma se añade a la sentencia emitida el 6 de febrero de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), un fallo histórico que convirtió a Kirchner en la primera vicepresidenta en funciones en ser condenada por corrupción en Argentina.
Los fundamentos de la condena subrayan la "certeza" del Tribunal sobre una "extraordinaria maniobra fraudulenta" que lesionó los intereses pecuniarios del Estado. Esta operación se ejecutó mediante 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015.
Las obras viales fueron "sistemáticamente adjudicadas" al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, exsocio comercial de la exvicepresidenta. El Tribunal remarcó que el crecimiento "exponencial" del holding de Báez estuvo "directamente asociado con la asignación de obra pública vial". Los magistrados determinaron que exfuncionarios tanto de Vialidad Nacional como de la agencia provincial "operaron al margen del interés público", configurando una "sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal" para la consumación del delito. La argumentación judicial enfatiza que el móvil de esta compleja maniobra era el beneficio que, además de Báez, obtenía Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. Para los jueces, los "incontrovertibles beneficios obtenidos por el empresario no agotan las ventajas económicas", ya que parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta.
La sentencia detalla una "notable maniobra fraudulenta" con irregularidades verificadas, como circuitos exclusivos de pagos para el Grupo Austral, procesos licitatorios amañados, pagos por avances de obra inexistentes, sobrecostos en los contratos, información privilegiada en los concursos públicos y omisión de los controles sobre el holding. Todo esto se desarrolló bajo un "paraguas de la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado propiedad de Lázaro Báez". Estos lazos fueron determinantes para una defraudación que, bajo una "ficta legalidad", buscaba asegurar un beneficio ilegítimo para Cristina Kirchner y Lázaro Báez. El monto sustraído de las arcas públicas asciende a $84.835.227.378,04.
El juez de ejecución de la pena, Jorge Gorini, presidente del TOF 2, será el encargado de iniciar el proceso para recuperar esta cifra multimillonaria. La sentencia ordena el "decomiso de los efectos del delito" por el monto actualizado de $ 84.835.227.378,04, que deberá ser depositado en un plazo de diez días hábiles una vez que la sentencia sea ejecutable. Fuentes judiciales explicaron que el juez Gorini conformará legajos con los bienes de cada condenado para actualizar el monto y comenzar el recupero. En el caso de Cristina Kirchner, su última declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA) indicó bienes por $250 millones. Es relevante recordar que en 2016 cedió la mayoría de sus bienes inmuebles a sus hijos, conservando el usufructo de su residencia en Río Gallegos, El Calafate y un piso en Recoleta.
Es fundamental diferenciar entre multas y decomisos. La multa es una pena económica impuesta por los hechos corroborados, cuyo procedimiento de cobro está establecido en el Artículo 21 del Código Penal, que contempla la ejecución de bienes o ingresos y, como última instancia, la conversión en días de prisión. El decomiso, por otro lado, es una medida accesoria de la pena, explicada en el Artículo 23, cuya finalidad es la reparación de daños. En este caso, el decomiso por $ 85.000 millones busca reparar el perjuicio causado al Estado.
Adicionalmente, existe una demanda civil por daños y perjuicios que afecta a Cristina Kirchner y los demás implicados. Este planteo, tramitado en el fuero Civil y Comercial, fue iniciado en 2016 por la administración de Mauricio Macri, estableciendo una responsabilidad solidaria por 22.300 millones de pesos. Esta cifra se derivó del cálculo inicial del expediente, donde las 51 licitaciones otorgadas al Grupo Austral representaron una erogación de $46.000 millones. Se determinó que la mitad de esas rutas fueron abandonadas o tenían avances de obra mínimos (entre 16% y 36%), a pesar de haberse pagado con sobreprecios. Aunque el gobierno de Alberto Fernández no impulsó este juicio civil, la administración de Javier Milei ha decidido reactivar el reclamo. Dado que la sentencia penal elevó el monto del perjuicio a $85.000 millones, el gobierno libertario solicitará una actualización de la indemnización en la demanda civil.
