El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, fue liberado en la madrugada luego de estar detenido aproximadamente doce horas. Su detención se produjo tras la ocupación del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón en el barrio de Recoleta, una acción que llevó a cabo junto a diputados y militantes. La sede del instituto había sido recientemente disuelta por decisión del Gobierno.
Tras su liberación, Grabois afirmó no tener una imputación específica y describió la ocupación como una "permanencia pacífica para reclamar el derecho a la memoria histórica y frenar el avasallamiento dictatorial del gobierno de Milei, particularmente de Patricia Bullrich, que es una mujer muy perversa". También criticó las condiciones de su detención, mencionando oficinas "vetustas, sin calefacción, llenas de ratas" y equipos obsoletos, comprometiéndose a mejorar estas condiciones si alguna vez llega a la presidencia.
El operativo policial se inició el sábado alrededor de las 14:00, cuando aproximadamente 50 personas ingresaron al edificio a través del local gastronómico "Un café con Perón". Según el reporte policial, los militantes forzaron una puerta, retuvieron a agentes federales y desplegaron banderas con consignas como "Si no podés elegir, no hay democracia" y "Defendamos nuestra historia".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó el accionar de la Policía Federal, calificando el hecho como una "usurpación violenta". El comisario general Luis Rolle, jefe de la PFA, detalló que hubo "lesiones a cuatro funcionarios" y "daños materiales", además de la retención de policías "contra su voluntad".
Durante la noche del sábado, una gran cantidad de personas, incluyendo los diputados Itai Hagman, Natalia Zaracho, Horacio Pietragalla, el senador Federico Fagioli, y legisladores como Leandro Santoro y Juan Manuel Valdez, se congregaron en la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales para exigir la liberación de Grabois. El Partido Justicialista Nacional también exigió la liberación de Grabois, calificando la detención como "ilegal" y sin orden judicial, en defensa del "patrimonio de los peronistas".
El cierre del Instituto Perón fue anunciado el 7 de mayo por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien lo justificó como una "carga presupuestaria injustificada". Según el Ministerio de Capital Humano, el instituto empleaba a 20 personas y generaba un gasto anual superior a los 400 millones de pesos sin realizar investigaciones activas.
El Gobierno ha anunciado planes para reconvertir el edificio en una biblioteca para personas con discapacidad, mientras que el restaurante que funciona en sus instalaciones será adjudicado a un emprendimiento destinado a jóvenes neurodivergentes.
