La Cámara de Casación dictaminó que la expresidenta Cristina Kirchner deberá continuar utilizando tobillera electrónica en su prisión domiciliaria y solicitar permiso para recibir visitas no incluidas en una lista previamente aprobada. Esta decisión ratifica el domicilio de San José 1111 para el cumplimiento de su condena de 6 años por la causa Vialidad, rechazando un pedido de la fiscalía para su traslado.
El abogado de Kirchner, Carlos Beraldi, se había opuesto a la mudanza de domicilio, alegando que permite visitas familiares y que las condiciones de seguridad son adecuadas. También insistió en el retiro de la tobillera y la eliminación de restricciones a las visitas, destacando la "condición de mujer" de la expresidenta y citando convenciones internacionales.
Por otro lado, el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia actualizó el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad a $684.990.350.139,86, cifra que será reclamada a los condenados, incluyendo a Kirchner. Este monto se basa en los $86.085.463.548,25 fijados por el Tribunal Oral Federal 2 en 2022, cuyo veredicto fue ratificado por la Corte Suprema en junio.
La Cámara de Casación dispuso este viernes que la ex presidentaCristina Kirchner deberá seguir usando tobillera electrónica en su prisión domiciliaria y que, además, tendrá que solicitar permiso para recibir visitas en el domicilio de San José 1111 que no estén en el listado que fuera entregado al juzgado.
En la resolución, Casación rechazó así los recursos que había presentado el abogado Carlos Beraldi, que representa a la ex mandataria. En tanto, ratificó a San José 1111 como domicilio de cumplimiento de la pena de 6 años de prisión por lacausa Vialidad, contra lo que había propuesto la fiscalía, que había reclamado una mudanza del barrio de Constitución.
La mayoría de la cámara, conformada por los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, sostuvo la validez de la restricción de visitas y del uso de tobillera, al considerar que “la medida impugnada se inscribe, precisamente, en ese marco: no prohíbe visitas; sólo establece que, fuera del núcleo familiar inmediato, la defensa técnica y los médicos tratantes (quienes, vale reiterar, pueden ingresar sin trámite alguno más allá de estar en una nómina), cualquier otra persona deberá solicitar autorización previa al tribunal”.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia sobre la necesidad de la tobillera electrónica y las autorizaciones para visitas, al considerar que la expresidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.
Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria a
Beraldi se había opuesto el lunes último a mudar a la ex presidenta de San José 1111, al señalar que allí pueden visitarla sus hijos y su nieta y que las condiciones de seguridad son adecuadas, además de haber reiterado su reclamo para que se le quite la tobillera electrónica y no tenga que pedir autorización para recibir visitas en general.
También puso foco en esa oportunidad en la “condición de mujer” de la ex presidenta “obviada de manera llamativa” en el caso y citó convenciones internacionales sobre la eliminación de toda forma de violencia hacia la mujer.
El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López a seis años de prisión por administración fraudulenta.
La cifra actualizada tomó como base 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.