El 8 de julio de 2025 marcó el fin del período en que el gobierno de Javier Milei contó con facultades delegadas, otorgadas por la Ley de Bases. Durante este año, el gobierno implementó una ambiciosa reestructuración del Estado, buscando fomentar la libertad económica y reducir el intervencionismo estatal. El presidente afirmó haber realizado "2500 reformas estructurales", superando en éxito y cantidad a la Convertibilidad.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, detalló la implementación de 101 medidas de desregulación y transformación bajo las facultades delegadas, comunicadas como un "Magical Mystery Tour". Estas incluyeron la disolución de entidades como el INADI y Vialidad Nacional, así como reestructuraciones en el INTA, INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos para enfocarlos en sus funciones técnicas esenciales. También se fusionaron entes reguladores (ENRE y ENARGAS en ENREGEL) y se eliminaron más de 30 fondos fiduciarios, como PRO.CRE.AR y PROGRESAR (como fideicomiso), con un ahorro fiscal estimado en más de US$ 2.000 millones. Sturzenegger enfatizó que estas acciones fueron un "bisturí sobre el Estado" para reordenarlo y eliminar estructuras inútiles.
Además, el Decreto 70/2023 posibilitó otras reformas, como recetas digitales, "cierre" de registros automotores, cédula digital, cambios en la ley de alquileres, cielos abiertos y más opciones para la SUBE, sumando más de 672 reformas regulatorias en 2024.
La desvinculación de 50.591 empleados públicos es un punto recurrente destacado por Sturzenegger, afectando principalmente a empresas públicas como Trenes Argentinos, ARCA y el Correo. En cuanto a la reforma laboral, aunque la justicia objetó algunos puntos del DNU 70, la sanción de la Ley de Bases permitió avances significativos. Estos incluyen la extensión del período de prueba, la creación de un fondo de cese laboral, la regularización del empleo no registrado, la figura del "trabajador independiente" y la eliminación de multas por trabajo en negro.
Uno de los objetivos centrales de la Ley de Bases era la privatización de empresas públicas. Sin embargo, este avance fue limitado. Solo Intercargo fue autorizada a ser privatizada por decreto, y se permitió la venta de acciones de ENARSA en CITELEC S.A. YCRT fue transformada en S.A. con miras a participación privada. El sector ferroviario mostró algunas señales, como el inicio del proceso de privatización de Belgrano Cargas, aunque sin licitaciones concretas. En contraste, SOFSE no tuvo avances y la eliminación de servicios de pasajeros generó rechazo. El gobierno atribuyó la lentitud a la falta de condiciones de mercado y resistencia interna, subrayando que la privatización busca eficiencia y alivio fiscal, no regalar activos.
El gobierno concibe estas reformas como una "batalla cultural" para reducir el Estado, que, según Milei, es una "decisión moral" para dejar de financiar una estructura corrupta e ineficiente. A partir de ahora, cualquier iniciativa de reforma deberá pasar por el Congreso, donde el gobierno carece de mayoría propia. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por ejemplo, solo ha consolidado algunos proyectos aprobados y requiere adhesión provincial para su implementación. Sturzenegger concluyó que no fue un "plan de ajuste", sino una "cirugía necesaria" para adaptar el Estado a los desafíos del siglo XXI. El éxito de reformas futuras dependerá de la capacidad del gobierno para negociar y construir consensos legislativos, a diferencia de las administraciones anteriores que, como el menemismo y el kirchnerismo, lograron muchas de sus reformas a través de leyes del Congreso.
