El Gobierno le aceptó la renuncia a la fiscal de Instrucción y Penal de Menores de Malargüe, Andrea Lorente, una decisión que se oficializó mediante el decreto 1407.
La dimisión de la magistrada se produce en un contexto de serias acusaciones de inacción y desmanejo en múltiples causas, lo que había llevado al procurador de la Corte, Alejandro Gullé, a solicitar un Jury de Enjuiciamiento en su contra.
La investigación del Ministerio Público Fiscal reveló un preocupante compendio de irregularidades en el accionar de Lorente. Entre las más graves se destacan la falta de protección a menores víctimas de abuso sexual, con causas mal calificadas y sin actividad investigativa, algunas incluso prescriptas.
También se documentó inacción en expedientes de maltrato infantil, desmanejo en casos de violencia de género con concesión de libertades indebidas a agresores reincidentes, y la paralización injustificada de procesos por tenencia ilegal de armas, estafas, lesiones y amenazas. Además, se detectó inacción en expedientes por delitos contra la administración pública.
El decreto gubernamental que acepta la renuncia se basa en la propia declaración de Lorente, quien manifestó su "manifiesta incapacidad para continuar en el ejercicio del cargo, reconociendo no estar a la altura de las circunstancias por cuestiones personales y de salud".
Esta admisión, sumada a la urgencia de designar un nuevo representante para el Ministerio Público Fiscal en Malargüe, precipitó la aceptación de su dimisión.
La situación había escalado días atrás, cuando el gobernador Alfredo Cornejo criticó públicamente a Lorente por tener "un montón de causas pisadas".
La renuncia de la fiscal, quien había sido designada en 2019, evita el proceso de Jury de Enjuiciamiento.
