A pocos días de la fecha límite judicial, ninguno de los condenados en la causa Vialidad, incluida la ex presidenta Cristina Kirchner, ha devuelto los 530 millones de dólares que, según la sentencia, deben restituir al Estado. El 13 de agosto se cumple el plazo para que los fondos sean depositados en una cuenta especial del Banco Nación. Hasta ahora, ni Cristina Kirchner, ni el empresario Lázaro Báez, ni el ex secretario de Obras Públicas José López han realizado pago alguno.
Si el dinero no es transferido antes de la fecha límite, la Justicia iniciará el proceso de subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema de Justicia ha introducido una nueva posibilidad: en lugar de subastar los inmuebles, el máximo tribunal podría destinarlos a uso institucional, ya sea para la propia Corte o para el Consejo de la Magistratura. Esta medida permitiría que algunas de las propiedades confiscadas se conviertan en oficinas judiciales o espacios para programas públicos, en lugar de ser vendidas.
En el caso de Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, los fiscales han identificado al menos dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y 24 propiedades en el sur del país como activos que podrían ser subastados. Sin embargo, la situación se complica legalmente, ya que muchos de estos inmuebles fueron cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y están embargados en otra causa, la de Hotesur – Los Sauces. Este conflicto añade un nuevo capítulo a una de las causas más resonantes de los últimos años.
