El presidente Javier Milei vetó por completo tres proyectos de ley de alcance social aprobados por el Congreso: el aumento para jubilados, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. El Gobierno, según se publicó en el Boletín Oficial, argumentó que estas medidas tendrían un gran impacto fiscal y se señaló que la votación estuvo plagada de vicios en el proceso legislativo.
El veto y sus argumentos
En los fundamentos de su decreto, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran fiscalmente irresponsables, ya que no contaban con fuentes de financiamiento legítimas. El Gobierno dijo que las tres leyes, en conjunto, implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y casi 17 billones en 2026. Lo que equivaldría a casi el 1% del PBI para este año y el 1.68% para el próximo, lo que pondría en riesgo el equilibrio fiscal, considerado "innegociable".
Además, se cuestionó la validez del procedimiento legislativo en el Senado. Argumenta que la sesión en la que se aprobaron las leyes estuvo viciada de "graves nulidades", ya que se realizó sin la citación previa adecuada y se aprobaron con mayoría simple, cuando se requerían dos tercios de los votos.
Proyectos de ley vetados
- Jubilaciones: el proyecto proponía un aumento de emergencia del 7,2%, la creación de un bono permanente de $110.000 y la transferencia de fondos a las cajas provinciales de jubilaciones.
- Moratoria previsional: buscaba reinstaurar por dos años el plan que permitía jubilarse sin haber completado los 30 años de aportes. También buscaba flexibilizar los requisitos para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Discapacidad: la iniciativa declaraba la emergencia nacional en la materia, creaba una nueva pensión no contributiva por discapacidad y establecía una compensación de emergencia para los prestadores del sistema.
Ahora, la discusión regresa al Congreso. Para que los proyectos se conviertan en ley, la oposición deberá conseguir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para anular el veto presidencial.
