Denegado
Valerio y Gómez le dieron un duro revés al Gobierno en una causa caliente
Los jueces rechazaron el recurso federal presentado por el Gobierno para que la Corte Suprema de la Nación resuelva la acción de lesividad presentada por el Ejecutivo contra las autoridades de la Fundación Santa María. Denuncian corrupción y desvío de poder en la gestión de Celso Jaque.
El gobierno de Alfredo Cornejo recibió un revés judicial este lunes. En un fallo dividido, los jueces Julio Gómez y José Valerio decidieron por mayoría rechazar el recurso extraordinario presentado por el asesor de Gobierno para que la Corte Suprema de la Nación resuelva la denuncia por corrupción y desvío de poder contra exfuncionarios de Celso Jaque por la intervención de la Fundación Santa María. La Corte de Mendoza desestimó la causa en diciembre del año pasado, por lo que el gobierno intentó llegar a la Corte de la Nación. Sin embargo, el recurso federal fue rechazado.
La trama es compleja y se remonta al gobierno de Celso Jaque. En el año 2011 la Dirección de Persona Jurídica, a cargo de Andrés Nicosia, emitió dos resoluciones que modificaban el estatuto de la Fundación Santa María, que había sido intervenida administrativamente por el decreto 2405 de ese mismo año. En 2016 el gobierno de Alfredo Cornejo denunció maniobras ilegítimas por parte de Nicosia y otros exfuncionarios para hacerse con el control de la fundación y la Universidad Champagnat.
El gobierno provincial denunció desvío de poder y corrupción, pero la Corte falló en contra del Ejecutivo afirmando que la acción de lesividad presentada "no es viable en los términos y con el alcance que han sido desplegados por la administración actora". Específicamente, Julio Gómez entendió que la acción estaba prescripta y así lo avaló José Valerio.
"Atento a las soluciones propuestas en los votos de mis distinguidos colegas que me anteceden y los criterios discrepantes que informan las mismas; y siendo necesario conformar la voluntad del Tribunal, garantizando la colegiatura mediante un acuerdo de mayoría; adhiero al voto del Sr. Ministro Dr. Julio Gómez por entender que el mismo soluciona el caso receptando mi visión del rol del juez en el proceso y la naturaleza dispositiva de este, la que vengo sosteniendo desde que formo parte de este Tribunal", concluyó Valerio en diciembre del año pasado.
Ante ese revés, la asesoría de Gobierno presentó el 26 de diciembre un recurso extraordinario federal para que el caso sea elevado directamente a la Corte Suprema de la Nación. En concreto, desde el Ejecutivo acusan a exfuncionarios del gobierno de Celso Jaque de haberse hecho con el control de la Fundación que controla la Universidad Champagnat.
"De lo expuesto desprende que el aspecto medular del voto mayoritario de la sentencia recurrida es un mero hecho de arbitrariedad o un capricho del juzgador, que se autoimpuso límites procesales, y por tanto, la sentencia carece de las calidades mínimas para erigirse propiamente en tal", señalan los representantes del Ejecutivo.
El recurso agrega que "se trata de una sentencia arbitraria, porque omite considerar relevantes cuestiones oportunamente propuestas por las partes y lo hace en base a afirmaciones dogmáticas que solo aparentan ser un fundamento, pero que en verdad no pasan de ser absurdos e inventados rigorismos formales, por lo cual, no solo carecen de todo sustento legal, sino que, además, se aparta abiertamente de disposiciones vigentes y aplicables al caso".
En cuanto al cuarto punto de los aspectos particulares del voto mayoritario, invoca que la pretensión actora fue clara: declarar nulas y privar de sus efectos jurídicos ilícitos a esas dos resoluciones y “los jueces no debieron levantar inventados obstáculos formales que consolidan los derechos mal habidos a su amparo por los demandados. Porque son consecuencia directa de los actos viciados de desviación de poder y abuso del derecho”.
El asesor de Gobierno sostiene en su recurso que "queda demostrado que la sentencia apelada incurre en una causal de arbitrariedad, al declarar prescripta una acción de nulidad que no lo está, lo que la descalifica como pronunciamiento judicial, mediando relación directa e inmediata entre lo decidido, las garantías constitucionales y las leyes federales que se invocan como vulneradas".
Sin embargo, el recurso federal fue rechazado por los mismos jueces que entendieron que la causa estaba prescripta. Julio Gómez y José Valerio aseguran que "no se encuentra fundamentada en forma concreta y suficiente la gravedad institucional, recurriendo a expresiones que evocan generalidades".
"En relación a tal clase de argumentación, debe procederse con la máxima cautela debido a la gran sensibilidad e impacto que tienen los hechos de corrupción en nuestra sociedad en general, y su influencia en la apreciación de nuestra organización política y sus instituciones, en particular", esgrimieron sobre las expresiones vertidas por el asesor de Gobierno en su recurso.
En disidencia votó la jueza Norma Llatser, quien se inclinó por "conceder en forma parcial el remedio extraordinario federal incoado, exclusivamente respecto de la cuestión federal planteada".
