Senado
Presentan un proyecto para evitar que funcionarios y su entorno accedan a casas del IPV
Ningún funcionario de los tres poderes del Estado mendocino, ni del ámbito municipal, podrá acceder a una vivienda del IPV. La restricción también se extiende a familiares directos y personas vinculadas comercialmente con dichos funcionarios.
El Senador Provincial Mauricio Sat impulsa un proyecto de Ley que apunta a poner fin a una de las principales zonas grises en la política habitacional: la adjudicación de viviendas a funcionarios, familiares y socios comerciales. La iniciativa busca garantizar que los beneficios del Instituto Provincial de la Vivienda lleguen exclusivamente a quienes más los necesitan.
Ningún funcionario de los tres poderes del Estado mendocino, ni del ámbito municipal, podrá acceder a una vivienda del IPV. La restricción también se extiende a familiares directos y personas vinculadas comercialmente con dichos funcionarios, cerrando así posibles vías indirectas de acceso a estos beneficios.
La propuesta abarca a un amplio universo de cargos públicos, desde el gobernador y sus ministros hasta legisladores, intendentes, concejales, jueces, fiscales y defensores. De este modo, se elimina cualquier margen de discrecionalidad o privilegio en la asignación de viviendas financiadas con recursos públicos.
El proyecto cobra especial relevancia tras haberse detectado irregularidades en las últimas entregas de viviendas, donde resultaron beneficiados funcionarios del Gobierno Provincial y socios comerciales de algunos de ellos. "Este escenario refuerza la necesidad de establecer reglas claras y mecanismos de control más estrictos", señaló Mauricio Sat.
La iniciativa incorpora la obligación de publicar de manera permanente y en formato digital abierto, el registro completo de adjudicatarios. Esta base de datos deberá incluir información detallada y actualizada trimestralmente, permitiendo el control ciudadano y asegurando la trazabilidad de cada decisión tomada por el Estado.
El proyecto establece que estas prohibiciones se mantendrán hasta dos años después de que los funcionarios dejen sus cargos, con el objetivo de evitar maniobras indirectas.
