Tras más de dos años de asfixia presupuestaria y un frente de conflicto que parecía incontenible, el Gobierno nacional y las universidades públicas ingresaron en una etapa de definición inminente. Negociaciones silenciosas desarrolladas contrarreloj apuntan a la firma de un entendimiento integral entre el Ministerio de Capital Humano y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), conducido por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. La propuesta oficial funciona como una vía de escape intermedia frente al severo deterioro de los ingresos del sector, que acumulan pérdidas de poder adquisitivo cercanas al 50%.

El núcleo del entendimiento radica en una recomposición salarial escalonada del 24,3% para el personal docente y no docente, desglosada en un 21,3% aplicable a partir de julio y un 3% adicional para el mes de octubre. Según fuentes vinculadas a la negociación paritaria, este porcentaje se compone de un 7% destinado a compensar el bache de 24,3%, un 12,6% correspondiente al desfasaje de 2025 y el saldo remanente para cubrir la actualización inflacionaria del primer tramo de 2026. Paralelamente, la inyección presupuestaria —que demandará un desembolso fiscal global en torno a los 800.000 millones de pesos— incluirá partidas específicas para el sostenimiento de las becas estudiantiles y el financiamiento operativo de los hospitales universitarios.

A pesar de la inminencia del pacto, las autoridades universitarias aclararon que la rúbrica del documento no implicará la retirada de la demanda judicial entablada contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La causa se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario interpuesto por el Estado, luego de que el Palacio de Hacienda perdiera los litigios en primera y segunda instancia en el fuero Contencioso Administrativo Federal. La demora del máximo tribunal en expedirse sobre la medida cautelar actuó como un factor de presión decisivo: de rechazar el recurso oficial, la Casa Rosada quedaría expuesta a una orden de ejecución forzosa por una cifra cercana a los 2,8 billones de pesos.

El esquema propuesto por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, contempla el traslado de las discusiones de fondo a una "comisión técnica" y el compromiso de convocar a paritarias con periodicidad trimestral. No obstante, el clima en las bases sindicales mantiene niveles de tensión elevados. Mientras se ultiman los detalles técnicos de la firma formal con los gremios de la actividad, el Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificó un plan de lucha que incluye un paro total de actividades en todo el territorio nacional programado para la semana del 16 al 20 de junio, buscando garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos.