Con el quorum justo, el oficialismo logró habilitar la sesión a fin de debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
La incertidumbre sobre el quorum surgió en la noche del miércoles cuando se supo que, al menos tres radicales, no iban a concurrir este jueves a la Cámara alta, algo que no se concretó, y otros aliados al Gobierno que rechazan aspectos centrales del proyecto
Tampoco quería que se realizara la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel que mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto.
El bloque de la LLA está apurado por aprobar el pliego de Pesino, debido a que el 27 de Julio cumple 75 años, con lo cual sino se aprueba antes de esa fecha corre riesgo que se frustre la prórroga de su mandato que ya tiene dictamen favorable.
Pesino ya presentó un recurso amparo para poder continuar como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dado, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
De todas maneras, el tema central de la sesión es el demorado debate del proyecto de propiedad diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobreextranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Federico Sturzenegger
Límite a la compra de tierras
El proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.
Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.
Si no existe un reparo ni del Gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.
En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.