Que los presos de Mendoza no tienen celulares en las cárceles es un Bluff. Es decir, según lo define la propia Real Academia Española, "un montaje propagandístico destinado a crear un prestigio que posteriormente se revela falso". Solamente hicieron falta tres internos para desmoronar el relato del oficialismo. Tres internos se convirtieron en noticia a nivel nacional por participar desde el Penal de San Felipe en un vivo del streamer Valentino Melo. Sin saberlo, dejaron en evidencia que el modelo "Bukele" que intenta simular el gobierno de Alfredo Cornejo es simplemente eso, una simulación.
El gobierno provincial tomó el tema de los celulares en las cárceles como una bandera ideológica. Forzó a la Justicia a intervenir y celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia. En octubre del 2024 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió que los internos en las cárceles provinciales no podrán utilizar teléfonos celulares, dejando sin efecto la medida excepcional de tenencia de dispositivos que regía desde la pandemia de COVID-19. Puso un plazo de 6 meses para implementar esa regla y el Gobierno de Mendoza salió a invertir mies de millones de pesos en inhibidores de señal.
En lo discursivo el gobierno provincial se muestra estricto y severo. Afirma que las cárceles son para cumplir condena y hace gala de los nuevos sistema de control de ingresos que se están realizando. Por eso el golpe de realidad que le dieron los tres internos de San Felipe le dolió tanto al Ejecutivo provincial. Fue un misil a su narrativa.
El diputado Luis Petri salió a exponer su malestar con las deficiencias en los controles carcelarios del gobierno provincial. Petri hace eje desde hace años en temas de "mano dura" y los tres presos le dejaron picando la pelota para sumar puntos en la guerra fría que tiene con el cornejismo.
Por su parte, el diputado Lucas Ilardo salió a cuestionar a través de las redes sociales el destino que le da el gobierno a los recursos públicos, afirmando que los 2.600 millones de pesos que se gastaron en inhibidores de señal podrían haber ido a obras o sueldos. Al fin de cuentas, los celulares en las cárceles siguen funcionando.
Fue tal el efecto que generó el streaming carcelario que no alcanzó con los posteos de Mercedes Rus anunciando que los internos habían sido trasladados al penal de Cacheuta a un espacio para reclusos de alto perfil y con medidas más estrictas. "No vinimos a custodiar una falsa paz carcelaria. Vinimos a intervenir el sistema penitenciario. Eso supone controles, requisas, sanciones y decisiones", aseveró la funcionaria.
El propio gobernador tuvo que hacer control de daños y el viernes en San Rafael salió a responsabilizar al gobierno nacional por lo ocurrido. Es decir, le tiró la pelota a su socio Javier Milei, pero particularmente a la ministra Alejandra Monteoliva.
Para Cornejo el problema es que el Ministerio de Seguridad de la Nación habilita mecanismos de bloqueo de telefonía únicamente en cárceles federales. "No hay ninguna cárcel provincial que tenga bloqueo de teléfonos porque la resolución del Ministerio de Seguridad solo lo hace para las cárceles federales", afirmó Alfredo Cornejo desde San Rafael.
Pero también cargó parte de la responsabilidad en el "Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)". “Al Enacom le ofrecimos una resolución que permita bloquear los teléfonos que se identifiquen adentro de las cárceles. Con lo cual, meter un teléfono no tendría sentido porque no tendrían comunicación. Pero eso solo lo pueden hacer las empresas de telefonía, y lo tiene que ordenar el Enacom a través de una resolución”, aseveró el mandatario.
Tres presos desde el penal de San Felipe obligaron al gobierno de Alfredo Cornejo a admitir que no pueden hacer lo que dicen que estaban haciendo. El gobernador que licitaba inhibidores de señal es el que ahora afirma que están atados de manos para sacar los celulares de las cárceles o bloquearlos.
La palabra bluff tiene origen inglés y significa "un engaño, un farol o una fanfarronería para aparentar más poder, dinero o seguridad de los que realmente se tienen".