El Gobierno de Mendoza fue condenado por violencia de género. El caso ocurrió cuando un policía abusó de la oficial que tenía a su cargo.
La víctima, una oficial subayudante, cuyo nombre se resguarda, denunció el hecho tanto de manera penal, como civil y la Justicia respondió condenando a los responsables.
La oficial relató que ingresó como funcionaria policial en 2011, y en el 2019 ingresó en la Unidad de Patrullaje de Luján con el cargo de oficial subayudante. A 15 días de su ingreso, su superior, el oficial principal C.M. comenzó a acosarla.
Los hechos, según denuncia, iban desde acoso con palabras, tocamientos indebidos, como roces en la cara, manos, piernas, pellizcos en la cintura, aproximar su cara a la de ella y forzar situaciones de cercanía en el ámbito laboral. También el efectivo realizaba bromas con connotación sexual, y tenía actitudes fuera de lugar de manera personal y por mensajes telefónicos.
Algunas de estas situaciones ocurrieron dentro de la oficina en la que trabajaba el oficial, quien obligaba a la policía a cerrar la puerta y bajar las cortinas impidiendo que alguien entrara al recinto.
Los hechos tuvieron lugar en agosto y se extendieron hasta octubre del 2019 cuando la víctima realizó la denuncia en la Inspección General de Seguridad y en la Justicia.
Desde el organismo la derivaron al área de asistencia víctima de violencia de género del ministerio de Seguridad. Luego se activó el protocolo que exigía que ella entregara su arma reglamentaria y se sometiera a tratamiento psicológico y psiquiátrico con 30 días de licencia, que luego se extendió por dos años más.
Las pericias contra el denunciado arrojaron que tenía rasgos egocéntricos, impulsivos, centrado en sí mismo, con tendencias a ejercer autoridad, pudiendo ser arbitrario y autoritario en conductas con asimetría de poder y distorsiones cognitivas en relación al género, pudiendo ejercer el poder en forma rígida.
Con las pericias y la declaración de varios testigos, el superior fue imputado y trasladado a otra dependencia policial. Mientras que la víctima sufrió un estado ansioso depresivo que la obligó a alejarse de su trabajo y esto le impidió, además, lograr ascensos y mejoras en su carrera profesional. Por esto, demandó tanto al Estado como a su superior. La causa fue caratulada "perjuicios por los daños ocasionados por violencia de género".
Si bien el Gobierno negó los hechos y sostuvo que no había incurrido en violencia de género, la Justicia indicó que no hubo pruebas que lo exima de su responsabilidad en el hecho, ni en la relación de dependencia del oficial.
Para los jueces, la responsabilidad del Estado por el actuar de sus agentes se encuentra contemplado en el artículo 16 de la ley provincial y por eso debe responder.
Así las cosas, condenó a C.M. y al Estado provincial a pagarle a la víctima $3.431.000. Si bien la sentencia fue apelada, la Quinta Cámara de Apelaciones sostuvo que el accionar de los demandados vulneró el derecho de la actora de desarrollar una vid libre de violencia y por ello deben reparar el daño ocasionado.
