Las críticas a San Jorge en la Audiencia del Pueblo

Con más de 1.000 personas presentes según los organizadores por la cantidad de números entregados para hablar, a las 11:30 arrancó en la villa de Uspallata la Audiencia Pública del Pueblo organizada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata para opinar sobre el Proyecto San Jorge. Comenzó explicando la metodología el ambientalista Federico Soria, luego hizo lo propio Eduardo Sosa quien señaló que no tendrá efectos jurídicos la Audiencia, pero sí legitimidad y un marco legal que la sostendrá. La información se enviará al expediente del Gobierno. También señaló que faltan muchas instancias de participación aun si la Legislatura aprueba la Declaración de Impacto Ambiental.

Al inscribirse los participantes, en un formulario, expresaban los fundamentos por los cuales estaban a favor o en contra del proyecto, así cuando pasaban a hablar, solo decían su postura sin explayarse en los motivos que tenían.

Por su parte, Marcelo Giraud indicó de qué consta el proyecto San Jorge y los impactos ambientales y económicos. Manifestó que el cerro San Jorge será convertido en el tajo a cielo abierto de casi 2 kilometros de largo por casi 2 kilómetro de ancho y por 3 cuadras y media de profundidad, de ahí se extraerían 457 millones de toneladas de roca de mineral, 300 millones de toneladas irían a tres escombreras una de hasta 133 metros de altura a, otra de baja ley y otra de óxidos de cobre cuyo procesamiento se hará con ácido sulfúrico prohibido por la ley 7722.

Quedan 160 millones de toneladas de roca volada del cerro que pasaría por la trituración, luego a la molienda y lo producido iría a una fase de explotación, para hacerla flotar con sustancias químicas que de acuerdo con el dictamen de la UNCuyo y el del Consejo del Provincial del Ambiente del 2008, son tóxicas y las prohibía la 7722. Esta ley fue ratificada por la Suprema Corte y la Corte Nacional a raíz de la queja de San Jorge por la expresión “y otras sustancias tóxicas similares” eran indeterminadas y no correspondía aplicarla a San Jorge y le abrió la puerta a la mine. Así la empresa eliminó de la discusión la si esos químicos (Xantato, poliacrilamida y el metil isobutil carbinol) para la flotación, son tóxicos prohibido por la 7722 o no. Entonces son 153 millones de toneladas de residuos que quedarían en un enorme depósito de colas de 79 metros, como un edificio de 25 pisos por 216 hectáreas. Ese es el principal pasivo ambiental que dejaría la minera.

Agregó que para la explotación San Jorge requiere extraer 141 litros por segundo de agua del Arroyo El Tigre, el cual en los escasos 21 meses en los que se midió el caudal hace más de 15 años, sería el 45% del caudal promedio actual. Pero por lo dictaminado por varios organismos, ese caudal promedio no es representativo, entonces no hay una verdadera línea de base del Arroyo El Tigre que nos permita conocer el verdadero caudal. No hay mediciones nuevas, salvo unas pocas que se hicieron en julio del 22, el caudal lejos de ser los 314 litros por segundo de promedio, se redujo a 38 y la minera necesita 141, ni siquiera secando por completo el caudal del Arroyo El Tigre alcanza.

Los impactos potenciales sobre el agua y otros temas ambientales son inumerables, indicó Girau y señaló que el concentrado de cobre sería transportado por la ruta 149 y luego por la 7 al Pacífico para ser exportado a países del Sudeste Asiático. Ese concentrado de cobre, en función de la cantidad de cobre y oro que la minera obtendría por los 16 años de explotación y al precio actual; equivaldría a unos 8.400 millones de dólares sin el costo de transporte, seguros y refinación. Los montos declarados por la empresa en cuanto a la inversión, costos operativos y el costo fiscal para el Estado nacional y de solo el 3% para Mendoza; resulta que la mitad de la facturación sería ganancia neta para la empresa, se llevaría unos 4.200 millones de dólares.

Además la empresa y el Gobierno dicen que requerirían 3.900 puestos de trabajo y esa cifra no está en el Informe de Impacto Ambiental, ahí la empresa dice que requeriría 1.000 empleos para construcción y 380 para operación.

Sosa agregó que va a ser más caro vivir en Uspallata, porque seguro subirán los alquileres y servicios.También señaló que hay dudas no resueltas en como el impacto económico en Uspallata y también institucionales referidos al expediente de la Evaluación de Impacto Ambiental, que no ha tenido el tratamiento con la regularidad apropiada.

Girau indicó que sobre tema social, la Autoridad Ambiental no le transmitió ningún requerimiento a la empresa y estaban en el informe de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo.

A las 12:30 comenzaron a pasar las personas a manifestar su postura ante al Proyecto San Jorge. Cuando terminen, calculan que cerca de las 18, harán una marcha por las calles de Uspallata.

Al distrito de Las Heras llegó el ex senador por el FIT Lautaro Jiménez, el acutal diputado Eduardo Difonso, Mario Vadillo y el abogado especialista en Derecho Ambiental, Aldo Rodríguez Salas.