En el último año, el gobierno argentino ha modificado significativamente los límites a partir de los cuales las entidades financieras y billeteras virtuales deben informar al fisco sobre las operaciones de sus clientes. Anteriormente, las personas no inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) corrían el riesgo de ser intimadas por la gran cantidad de transferencias que recibían, ya que se sospechaba que realizaban actividades comerciales "en negro". Esto derivaba en la solicitud de documentación para justificar el origen de los fondos, lo cual podía convertirse en un problema.
Sin embargo, a partir de junio de 2025, el gobierno aplicó nuevos criterios que aumentaron considerablemente los umbrales de operación. Ahora, el límite para informar sobre las transferencias bancarias y las operaciones con billeteras virtuales se ha ampliado a $50.000.000 para personas físicas, un salto notable desde los anteriores topes de $1.000.000 y $2.000.000, respectivamente. Esto reduce drásticamente la probabilidad de que se soliciten justificaciones para montos inferiores a estos nuevos topes, aunque ARCA aún puede intimar a los contribuyentes si sospecha de actividad comercial no declarada.
Otros cambios en los límites de control
- La actualización normativa también afectó otros parámetros importantes:
- Saldo de fin de mes: El límite máximo de saldo sin justificación en el último día del mes se elevó a $50.000.000 para personas físicas.
- Plazos fijos: El monto máximo de plazos fijos sin necesidad de justificación subió a $100.000.000.
- Extracciones en efectivo: Las entidades financieras ahora informarán las extracciones a partir de los $10.000.000.
- Tenencias en sociedades de bolsa: El nuevo umbral para informar estas tenencias es de $100.000.000.
A pesar de estos cambios, es crucial tener en cuenta que los bancos y billeteras virtuales continúan obligados a reportar cualquier movimiento sospechoso a la Unidad de Información Financiera (UIF). Para operar con seguridad, es fundamental poder justificar el origen de los fondos con documentos válidos, como recibos de sueldo, facturación reciente o certificados emitidos por un contador público. La falta de justificación puede resultar en consecuencias severas, como el congelamiento de saldos o el bloqueo de cuentas.
