Ambiente
Ley de Glaciares: advierten sobre el derecho de las generaciones futuras
La Fundación Pedemonte denuncia que el proyecto del Ejecutivo Nacional para modificar la Ley 26.639 vulnera el derecho constitucional a un ambiente sano y pone en riesgo los recursos hídricos estratégicos.
En una reciente presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación, la Fundación Pedemonte expresó su firme rechazo al proyecto del Ejecutivo Nacional que busca reformar la Ley de Glaciares (N° 26.639). La organización advierte que el abandono de la prohibición absoluta de actividades mineras e hidrocarburíferas en el ambiente periglaciar constituye una violación directa a la Constitución Nacional.
Un reclamo por la "Justicia Intergeneracional"
La postura de la Fundación Pedemonte se centra en el Artículo 41 de la Constitución, el cual garantiza el derecho a un ambiente sano y, fundamentalmente, impone la obligación de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Brenda Junín, presidenta de la fundación y especialista en Riesgo Ambiental, indica en la presentación que los legisladores tienen la responsabilidad ética de actuar como "voz de los que aún no han nacido".
En el escrito, la Fundación Pedemonte indica que "el proceso de debilitamiento ambiental en lo referido a recursos naturales estratégicos proveniente de la trampa reformista del ’94 está en su apogeo, en pos de un claro favoritismo hacia las inversiones de las elites, indiscutiblemente proclives a la acumulación de riqueza aún a costa de la pérdida de dignidad de la vida de los argentinos".
"Tres décadas han pasado desde esa reforma para bien y para mal. Muchos de los que hoy toman decisiones ni siquiera habían nacido o eran pequeños críos para entender que hacían sus mayores, representantes del pueblo. Los que decidieron por ellos, no consideraron la implicancia futura para un desarrollo nacional integrado vaya a saber por qué, como tampoco lo estarían haciendo hoy. Lo cierto es que los recursos naturales estratégicos de un territorio son por los que el ser humano pelea -en el sentido literal de la palabra- ayer, hoy y así será por los siglos de los siglos".
"Sumando a lo ya expresado, sí celebramos que se haya incorporado en dicha reforma del ´94, dentro del art. 41, el derecho ambiental poniéndolo en el mismo rango que los derechos humanos fundamentales en la Argentina, y para el caso que nos ocupa como un derecho humano de solidaridad, haciendo mención explícita a las Generaciones Futuras en nuestra Ley Madre, una consideración de avanzada en la legislación internacional comparada, y que actúa per se cómo garantía constitucional de tutela y amparo".
"Ya que hoy no existe otra figura defensora explícita de los derechos intergeneracionales en nuestra legislación, deben ser ustedes entonces, los que garanticen la sostenibilidad ambiental, social y económica a largo plazo. Son ustedes, señores legisladores, los que deben proteger el patrimonio común, asegurando que las decisiones actuales no hipotequen los recursos estratégicos y los derechos futuros, haciendo valer los principios de equidad y justicia intergeneracional que garantiza la letra viva de nuestra Constitución Nacional".
"La modificación de la Ley de Glaciares creará una tensión futura aún hoy evitable, y les pone por delante un desafío legal y ético sobre el que están obligados a legislar a consciencia. Un país, una Patria se piensa en conjunto, para todos y trascendiendo el presente. El agua de los glaciares forma la sangre de nuestra tierra, proteger y preservar nuestro ambiente sano es hacer valer el Derecho Humano de Solidaridad y Justicia Intergeneracional. No lo olviden al votar ya que lo dice claramente nuestra Constitución Nacional".
El "fracaso" de los controles locales
El documento presentado utiliza el caso de Mendoza como una señal de alerta sobre la incapacidad de las instituciones locales para controlar grandes proyectos extractivistas. La Fundación denuncia:
- Debilidad institucional: Organismos desfinanciados y sin tecnología para supervisar impactos ambientales complejos.
- Intereses privados: Una tendencia gubernamental a favorecer desarrollos inmobiliarios y mineros, ajustando los estudios de impacto ambiental a su conveniencia.
- Falta de visión a largo plazo: Decisiones políticas dominadas por la urgencia económica del "ahora" que ignoran escenarios de riesgo creciente.
"Si no pueden controlar la presión de desarrolladores inmobiliarios locales, ¿cómo controlarán a grandes corporaciones sobre ambientes glaciares?", cuestiona la entidad.
El agua como recurso estratégico
La Fundación Pedemonte señala que lo que ocurre en la Cordillera de los Andes no es un problema aislado de las provincias cordilleranas, sino que afecta a todo el ecosistema nacional, desde la Pampa hasta el Mar Argentino. Definen al agua de los glaciares como la "sangre de nuestra tierra" y advierten que flexibilizar su protección es un acto de irresponsabilidad pública.
Finalmente, la organización instó a los representantes del pueblo a no votar bajo "oportunismos económico-financieros" y a asegurar que las decisiones actuales no hipotequen los recursos estratégicos del país.
