En la mañana de este miércoles, mientras en la Universidad de Cuyo se comentaban los resultados de la última elección, personal de Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en subsidio en la facultad de Ciencias Médicas.
Según informaron fuentes de la investigación a El Medio, el procedimiento se realizó en la oficina de FAMAS (Asociación Facultad de Medicina Asesoramiento y Servicios) y en el instituto de genética.
El operativo se realizó en el marco de la investigación por malversación de fondos que se desprende de la denuncia de la genetista Jesica Ramírez, quien se encuentra en una batalla legal contra profesionales del Instituto de Genética y autoridades de la facultad.
El origen del pleito legal habría sido la negativa de la denunciante a realizar cobros indebidos a personas que se trataban en el mencionado instituto dirigido por la Magister Alejandra Mampel, quien es parte de los cuatro denunciados.
“El Decano Dr. Roberto Miatello, en su condición de máxima autoridad ejecutiva de la Facultad de Ciencias Médicas, tomó conocimiento personal y directo de graves irregularidades administrativas y penales el 4 de abril del 2024, que incluyen: maltrato laboral, hostigamiento, presunta malversación de fondos públicos (peculado) por parte de la Dra. Mampel, y uso indebido de recursos estatales”, afirma el texto al que tuvo acceso El Medio.
En el oficio de Gendarmería Nacional se requería determinada documentación, tanto a FAMAS, como en el Instituto de Genética y al Decanato. “Las personas que se encontraban en el lugar tenían derecho a no declarar y a no involucrarse, pero que si no entregaban la documentación voluntariamente se podría proceder con la fuerza pública”, explicó la fuente.
Presunto peculado por cobros ilegales en el Instituto de Genética de la UNCuyo
Según los artículos 261-263 del Código Penal Argentino, el peculado es un delito contra la Administración Pública. Ocurre cuando un funcionario público sustrae caudales/efectos confiados por su cargo, o emplea servicios públicos en provecho propio o de terceros.
"Existen indicios de presunta utilización indebida de recursos del hospital Central (reactivos, estudios genéticos, material de laboratorio) pagados por el Estado provincial, para realizar consultas particulares y cobrar honorarios privados a pacientes (incluyendo menores) en el Instituto de Genética de la FCM, obteniendo así un provecho económico ilegal derivado de servicios pagados por la administración pública", expresa la denuncia.
Uno de los puntos resaltados en el documento es que la denuncia fue acompañada de grabaciones en las que aparece el Decano Dr Miatello, Viviana Parra y María Elena Rutller.
La denuncia que dio origen al allanamiento en subsidio de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo
En la denuncia realizada por la genetista Jesica Ramírez con patrocinio del Mgter Alejo Martín Cardoso, se pide que la justicia penal investigue a la Dra. Alejandra Mampel por malversación de fondos públicos (peculado).
“Existen indicios de presunta utilización indebida de recursos del Hospital Central (reactivos, estudios genéticos, material de laboratorio) pagados por el Estado provincial, para realizar consultas particulares y cobrar honorarios privados a pacientes (incluyendo menores) en el Instituto de Genética de la FCM, obteniendo así un provecho económico ilegal derivado de servicios pagados por la administración pública”, cita la denuncia a la que accedió El Medio.
También se la acusa de maltratar, hostigar psicológicamente y presionar a la denunciante para que renunciara a su puesto tras denunciar la existencia de cobros irregulares.
La denuncia sostiene además que el Decano y otras autoridades se convirtieron en cómplices al cajonear la denuncia de la que estaba enterado desde el año 2024. En la denuncia incluso están incluídas las transcripciones de las conversaciones que tuvo la denunciante con Roberto Miatello sobre dichas irregularidades.
“Resulta particularmente relevante que el propio Decano Dr. Miatello reconoció expresamente en las grabaciones aportadas como prueba que su conducta omisiva configuraba el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y encubrimiento”, afirma la denuncia.