La encrucijada del agua en Mendoza: expertos advierten por la fragmentación estatal
Un exhaustivo informe académico revela las fuertes tensiones entre la expansión inmobiliaria y la producción agrícola en la primera zona del Río Mendoza, desnudando la falta de planificación integrada en un modelo de desarrollo en crisis.
El histórico modelo de desarrollo de Mendoza atraviesa un punto de quiebre donde la escasez hídrica y la presión del mercado reconfiguran el territorio. Un reciente informe interpretativo titulado "Acuerdos y tensiones en gobernanza hídrica - Mendoza", elaborado de forma conjunta por instituciones clave como el INCIHUSA, CONICET, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Asociación de Inspecciones de Cauce de la Primera Zona del Río Mendoza (ASIC) y el Lincoln Institute of Land Policy, expone una radiografía crítica sobre la gestión del recurso más vital de la provincia. El documento, surgido de un espacio de debate participativo, sintetiza las demandas de expertos y actores locales frente a un escenario complejo que trasciende la mera discusión técnica para convertirse en un desafío social y político.
Uno de los ejes más alarmantes que aborda la investigación es la desprotección del suelo agrícola frente a la avanzada del desarrollo inmobiliario. En la primera sección del oasis del río Mendoza, la proliferación de barrios cerrados y conjuntos inmobiliarios genera una competencia desigual por la renta de la tierra, empujando al abandono de las fincas tradicionales. El informe subraya la necesidad urgente de diseñar políticas estatales efectivas de ordenamiento territorial e incentivos económicos específicos para sostener la rentabilidad de los pequeños productores, advirtiendo que la tradicional vitivinicultura mendocina oscila hoy entre su rol como horizonte identitario y el riesgo de convertirse en un lastre si no se propicia una diversificación productiva compatible con la realidad hídrica actual.
Esta disputa territorial se ve agravada por lo que los especialistas denominan un exceso de institucionalidad que, paradójicamente, deviene en una preocupante fragmentación estatal. El entramado normativo e institucional que caracteriza a Mendoza, lejos de anticipar los problemas, suele actuar de forma reactiva y aislada. El estudio señala un vacío de planificación integrada, argumentando que el modelo provincial de desarrollo está virando hacia el turismo, los servicios y la proyección de actividades concentradas como la minería metalífera o la explotación petrolera, relegando el histórico peso del agro y el cuidado del agua. Al no fijar un horizonte estatal claro, la asignación y prioridad del suelo quedan de facto en manos del mercado, diluyendo el poder de control de organismos tradicionales como el Departamento General de Irrigación (DGI), los municipios y las inspecciones de cauce.
Los talleres en la ASIC para producir el informe.
Frente a la desconfianza generalizada hacia los procesos de toma de decisiones apresurados, la participación social emerge como un pilar indispensable para garantizar la legitimidad de cualquier reforma. Los actores comunitarios reclaman espacios de consulta sostenidos en el tiempo que eviten que las normativas queden en letra muerta. En este sentido, la propuesta de los investigadores no apunta a fundar nuevas estructuras burocráticas, sino a implementar un ejercicio de traducción que logre insertar estas demandas en las herramientas legales e institucionales que ya están en marcha en la provincia, tales como el futuro Plan Hídrico Provincial, las ordenanzas municipales de uso del suelo y el debate en torno a la modernización del Código de Aguas.
Para operativizar estos desafíos a mediano plazo, el informe destaca el diseño de una estrategia transversal de educación denominada "Cultura del Desierto y la Gobernanza". Este dispositivo pedagógico, pensado para articularse entre la Dirección General de Escuelas (DGE), los municipios y las universidades, busca reinstalar en la ciudadanía y en los cuadros técnicos la comprensión de la aridez como una condición estructural e ineludible de Mendoza. Solo a través de un cambio cultural profundo, sustentado en datos científicos y monitoreos participativos, la provincia podrá transitar hacia una gobernanza hídrica resiliente que resuelva dilemas de fondo sobre si el agua debe ser tratada como un bien común y un derecho humano, o simplemente como una mercancía regulada por el mercado.