En Mendoza, el 25 de junio pasado la Ministra de Seguridad, Mercedes Rus y el Director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, firmaron un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación para avanzar en la implementación de la norma.
Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil
El convenio firmado establece acciones conjuntas entre la Nación y la Provincia mediante asistencia técnica, intercambio de información, desarrollo de proyectos de cooperación y actividades de capacitación para los operadores que intervienen en el sistema.
En cuanto al alojamiento, fuentes del Gobierno provincial explicaron a El Medio que los menores que sean alcanzados por la norma cumplirán su condena en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, también conocido como ex COSE.
Ante la consulta si el lugar tiene capacidad para recibir a más menores, la respuesta fue afirmativa. “Cuenta con capacidad disponible para afrontar la implementación del nuevo régimen. Actualmente hay alrededor de 40 adolescentes privados de libertad y el establecimiento dispone de plazas suficientes para absorber la demanda prevista, sin necesidad de adoptar medidas de emergencia”, manifestaron.
Además, explicaron que desde hace más de dos años se viene ejecutando un plan de mejoras en el edificio ubicado en Godoy Cruz y adecuación de espacios.
“El objetivo principal no es aumentar la capacidad, sino optimizar las condiciones de alojamiento y la organización interna, permitiendo una mejor clasificación de los adolescentes según su situación procesal, edad y perfil de intervención. En ese marco, actualmente se está remodelando un sector con capacidad para aproximadamente 20 jóvenes”, aseguraron.
Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil
¿Qué pasará con los menores que hoy se encuentran en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil?
Todos los menores, los que sean condenados con el nuevoRégimen Penal Juvenil, y los que hoy se encuentran alojados en el lugar estarán bajo la órbita de la DRPJ y en el mismo complejo, pero no necesariamente compartirán los mismos sectores de alojamiento.
La organización interna contempla la separación de adolescentes según distintos criterios (edad, la situación procesal —condenados o no condenados— y las características de cada caso). “La incorporación de jóvenes de 14 y 15 años se realizará respetando estos criterios de clasificación”, explicaron.