La Municipalidad de Guaymallén lleva adelante un proyecto orientado a la capacitación laboral de algunos internos en los distintos complejos penitenciarios de la Provincia. En San Felipe, los presos se encargan de la producción de zapatos y zapatillas que cuentan con los estándares de calidad homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La planta de Calzados Cuyo funciona mediante un convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la empresa mendocina, que instaló su línea de producción dentro del Complejo San Felipe

En este esquema de articulación, el Servicio Penitenciario aporta la infraestructura, los espacios de trabajo y los servicios necesarios para el funcionamiento de la planta, mientras que la empresa provee maquinaria, herramientas, insumos y capacitación especializada.

Actualmente, alrededor de 40 personas privadas de libertad se capacitan y trabajan en la fabricación de calzado. A su vez, el número total de trabajadores continúa en crecimiento dentro de los complejos penitenciarios debido a las distintas modalidades que se brindan en contexto de encierro.

En una visita encabezada por la Ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al intendente Marcos Calvente, la Municipalidad de Guaymallén adquirió 2000 zapatillas que estarán destinadas al área de Desarrollo Económico y Social para asistir a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde el Gobierno destacaron que esto significa " no solo un respaldo al modelo de trabajo publico/privado que se lleva adelante en los establecimientos penales de la provincia, sino también a las acciones sociales y solidarias para quienes más lo necesitan".

¿Los internos cuentan con un salario?

En una charla brindada por las autoridades del servicio penitenciario de Mendoza a "El Medio", los mismos explicaron que este tipo de proyectos están orientados a ser "capacitaciones laborales" más que empleos propiamente dichos. 

Estas capacitaciones, además, son articuladas entre empresas privadas que proveen la maquinaria e infraestructura necesaria, así como la materia prima, a las cárceles de la provincia. Es decir, que el Estado no se encarga de financiar estos proyectos, si no que actúa como articulador entre el sector privado y los reclusos.

Así mismo, los internos no cuentan con un sueldo, si no que el proyecto está pensado para que los mismos aprendan oficios que logren su reinserción en la sociedad posteriormente. "En ocasiones hay dos o tres reclusos realizando el trabajo que podría hacer uno solo, no se trata de que trabajen, si no de que aprendan", explicaron.

Este esquema funciona por igual en todos los proyectos penitenciarios de Mendoza, tal como el convenio entre la empresa Suavipack, que participa en las capacitaciones laborales de la fábrica de papel y artículos de higiene en el complejo Almafuerte I.

Por último, las autoridades explicaron que, en ocasiones, las bodegas donan sobrantes de plástico para que algunas personas privadas de su libertad elaboren cestos tejidos a mano que imitan la forma y el estilo del mimbre, pero que están elaborados con flejes plásticos reciclados. En esos casos suelen donar los productos a las familias de los reclusos para que estas los vendan y tengan un ingreso extra.