Policiales
Despidieron a un policía que habría recibido "coimas" en Mendoza
A través de un decreto provincial, el Gobierno confirmó la cesantía del ex auxiliar Jorge Miguel Olmedo, por el delito de exacción ilegal.
El Gobierno Provincial presentó la cesantía del cargo de un efectivo de la Policía vial de Mendoza. El uniformado había sido acusado de recibir "coimas" durante un operativo en la Ruta Nacional 7.
La medida quedó confirmada a través del Boletín Oficial en el que las autoridades rechazaron el recurso jerárquico presentado por el acusado.
El hecho habría ocurrido el 13 de octubre de 2024 sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 948. Según surge del expediente, el entonces auxiliar mayor Jorge Miguel Olmedo Romero habría detenido a una automovilista y le manifestó que debía retener su vehículo por la supuesta falta de un matafuego. De acuerdo con la denuncia, el uniformado le exigió el pago de 22.000 pesos para evitar esa medida y la conductora realizó una transferencia electrónica a una cuenta a su nombre.
El comprobante de transferencia fue una de las pruebas sustanciales que se presentaron en la denuncia penal que hoy sigue vigente y aguarda a que se conozca su sanción por presunto delito de exacciones ilegales. Según el artículo 266, los delitos cometidos por funcionarios públicos que hacen abuso de su cargo pueden castigarse con inhabilitaciones, multas y penas de hasta 4 años de prisión.
El acusado alego en su defensa que no existían pruebas suficientes para acreditar los hechos, a pesar de que exista el registro de la transferencia, registros de la movilidad policial que participó del operativo, informes del Centro Estratégico Operacional (CEO) de la Zona Este y documentación aportada por la Delegación Vial Santa Rosa.
Además, denunció que la sanción era desproporcionada, carecía de una adecuada fundamentación y que no tenía en cuenta sus antecedentes
La denuncia fue presentada por la mujer que abonó el soborno, inmediatamente después de haber protagonizado el hecho. La misma además saco fotos de la patente del móvil policial y las presento como parte de las pruebas para la identificación del uniformado.
La cesantía quedo oficializada a través del decreto del Gobernador Alfredo Cornejo en el que se argumenta que las pruebas presentadas por la querella fueron suficientes para aplicar la pena proporcional al delito.
