Un geriátrico del barrio porteño de Almagro fue allanado y clausurado luego de que se constate que los adultos que habitaban allí recibían alimentación insuficiente, carecían de asistencia necesaria y estaban expuestas a maltrato por parte del personal.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°25, a cargo de Juan Cruz Artico, solicitó un allanamiento de urgencia en una residencia para adultos mayores ubicada en el barrio de Almagro en virtud de los riesgos existentes.

El caso se inició a partir de un informe elaborado por el Programa Proteger, dependiente de la Subsecretaría para Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realizó una inspección integral del lugar, en la que se mantuvo entrevistas individuales y reservadas con los residentes.

Allí se registró la situación de una de las residentes, en estado de extrema delgadez, que manifestó de manera reiterada que necesitaba comer y que habitualmente solo recibía café con leche y pan, confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal.

A su vez, otros adultos mayores denunciaron haber sido víctimas de malos tratos verbales, hostilidad y gritos de parte de los cuidadores, circunstancias que habrían comprometido tanto su integridad física y psíquica como su dignidad.

El informe detalló también otras irregularidades graves:

• Los residentes recibían alimentación inadecuada, sin respetar las dietas prescriptas conforme a sus patologías.
• En reiteradas ocasiones no contaban con asistencia del personal durante la noche ni cuando la necesitaban.
• Carecían de atención profesional suficiente y de actividades terapéuticas acordes a sus necesidades.

En el marco de la inspección intervinieron, además, otras dependencias del GCBA como la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos (UERYREG) y la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Estos organismos verificaron numerosos problemas edilicios y de funcionamiento: deficiencias sanitarias, insuficiencia de recursos humanos, incumplimientos y falencias en los protocolos de atención.

Este cuadro derivó en la clausura administrativa de la residencia por parte de la AGC. Ante esta situación, el fiscal Artico requirió sin dilación no solo el allanamiento del geriátrico, sino también la inmediata relocalización de los adultos mayores que permanecían alojados allí.

Por su parte, los residentes que permanecían en el lugar fueron trasladados a otros establecimientos. La fiscalía identificó a la persona responsable y encuadró los hechos en el delito de abandono de persona y la contravención de maltrato.