El Gobierno, a través del decreto 1433, ratificó la sanción de cesantía dispuesta por la Dirección Ejecutiva del Hospital Central contra una empleada.
La medida fue adoptada tras confirmarse que la empleada utilizó documentación médica privada de pacientes, obtenida sin su consentimiento a través del sistema informático del nosocomio, para respaldar una denuncia de índole gremial ante la Legislatura provincial.
La decisión administrativa puso fin a un extenso proceso disciplinario en el que intervinieron la Junta de Disciplina del efector, la Segunda Cámara del Trabajo y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, instancias que respaldaron la actuación del hospital.
El origen del conflicto
Las actuaciones se iniciaron a partir de una presentación realizada por un grupo de agentes agremiados a ATE ante la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales de la Cámara de Diputados de Mendoza. En dicho expediente, los denunciantes adjuntaron documentación relativa a condiciones laborales, pero incluyeron fojas con historias clínicas y registros de atención de pacientes.
Al advertir la irregularidad, la Secretaria Legislativa de la Cámara Baja remitió las actuaciones en sobre cerrado a las autoridades del hospital, señalando explícitamente que la exposición pública de datos de salud de terceros sin autorización previa resultaba "improcedente e ilegal".
Investigaciones posteriores del área de Informática Médica determinaron que la agente, en su carácter de encargada de la Secretaría de Sala, contaba con usuario activo en el sistema de Historia Clínica EVA con acceso generalizado a la información sanitaria, una posición de confianza funcional que la norma consideró vulnerada.
Proceso sumarial y aval judicial
En primera instancia, la Dirección Ejecutiva del Hospital Central dictó la Resolución N° 841/24, disponiendo la cesantía y solicitando el retiro de la tutela sindical que amparaba a la trabajadora.
En tanto, la Segunda Cámara del Trabajo hizo lugar al pedido de exclusión de tutela sindical, concluyendo que la extracción no autorizada de "epicrisis" y datos sensibles de internación constituía una falta grave desprovista de motivación o persecución antisindical.
Tras la apelación de la agente mediante un recurso extraordinario provincial, el máximo tribunal de la provincia rechazó el planteo, dejando firme la quita del fuero gremial y habilitando la reanudación del proceso administrativo.
