Ley de tránsito
Caso Alan Villouta: dos propuestas buscan endurecer las penas por delitos viales
Luego del polémico sobreseimiento a Cesar Verdenelli, dos proyectos impulsados por funcionarios mendocinos buscan aumentar las penas para quienes maten al volante. Uno de ellos ya cuenta con media sanción en el Senado.
El Poder Judicial de Mendoza se encuentra en el foco del debate en las últimas semanas, luego de que se conociera el sobreseimiento de César Verdenelli en la causa que lo había declarado culpable por el homicidio culposo de Alan Villouta.
Debido a una apelación que la Corte demoró 6 años en responder, el caso prescribió y César Verdenelli se encuentra en libertad. A pesar de ello, la familia Villouta se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo para elevar un reclamo e interponer un recurso de casación.
Es por ello que distintos funcionarios del Gobierno han repensado el actuar de la Justicia en este tipo de causas y elevaron propuestas para endurecer las penas y evitar que las causas prescriban por penas tan bajas.
El proyecto del Gobierno Provincial
Uno de los proyectos fue presentado por la ministra de Seguridad y Justicia de la Provincia. La iniciativa elevada por Mercedes Rus a la diputada nacional Pamela Verasay pretende endurecer las penas de quienes maten al volante y se den a la fuga. Actualmente, la Ley contempla condenas de 3 a 6 años de prisión y, con la nueva iniciativa, pasarían a ser de 4 a 10 años.
Además, el proyecto pretende modificar los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal para diferenciar entre un accidente producto de una inadvertencia circunstancial y otros que tengan como conducta conducir alcoholizado, con exceso de velocidad, cruzar un semáforo en rojo o circular en sentido contrario, entre otros.
De esta forma, los delitos por homicidio «simple» [culposo] pasarían a tener una pena de 3 a 5 años de prisión, junto con una inhabilitación especial para conducir de 4 a 8 años.
Mientras tanto, las causas agravadas —como aquellas en las que el conductor se da a la fuga, conduzca bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, o incumpla las leyes de tránsito— tendrían de 4 a 10 años de prisión, y la inhabilitación pasaría a ser de 8 a 12 años.
La iniciativa de Fernández Sagasti ya tiene media sanción
Por otro lado, la senadora nacional de la provincia de Mendoza destacó en sus redes sociales que el proyecto presentado por ella misma, y que obtuvo media sanción en 2022, se encuentra listo para ser tratado.
La medida también propone modificar los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal. Uno de los principales objetivos del proyecto es que la fuga en un siniestro vial constituya un agravante autónomo, evitando que la persona pueda beneficiarse procesalmente por haberse retirado del lugar.
También incorpora la figura de la «culpa grave», con el objetivo de penalizar «el obrar temerario e irreflexivo al volante: "huyan o no, el riesgo provocado se paga"», sentenció la senadora.
El proyecto, además, busca agravar las penas para quienes provoquen un siniestro mientras conducen estando inhabilitados, crucen semáforos en rojo, violen señales de tránsito o circulen con un exceso significativo de velocidad.
