Los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) están en alerta desde hace algún tiempo. Es que el cierre de salas se transformó en la maniobra perfecta para dar vía libre a las plataformas de apuestas online y decenas de trabajadores han sido emplazados para aceptar retiros voluntarios.
Lo que los empleados señalan es que el juego cambió de manos y en los últimos años fue migrando a la virtualidad. Las autoridades clausuraron salas estatales autorizando apuestas online, profundizando una crisis de salud mental que impacta de lleno en los sectores más vulnerables.
Pero también remarcan que son presionados para aceptar el retiro “voluntario” porque si no consiguen ser reubicados y pasan seis meses en disponibilidad pueden despedirlos. "La propia Ley 9718 establece que, si no se concreta alguna de las alternativas anteriores, el vínculo laboral será extinguido. Eso no es voluntariedad: es una extorsión con fecha de vencimiento", denuncian.
Mirando atrás
En 2015, el organismo operaba con superávit y transfería fondos directamente a la Administración Central para financiar programas sociales. Una década después, tras la gestión de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, el Instituto pasó a necesitar aportes extraordinarios del Ejecutivo para sostener su funcionamiento.
Según señalan los empleados, los primeros despidos tuvieron lugar en el año 2016 cuando hubo una reducción de personal donde se despidió a 84 trabajadores. A eso se suma que se clausuraron seis casinos públicos para sustituirlos por emprendimientos privados.
De hecho, se otorgaron concesiones con abultados márgenes de ganancia a grupos empresariales, en licitaciones cuestionadas incluso por el Tribunal de Cuentas.
El último hito de esta política ocurrió el pasado 5 de agosto, cuando el Gobierno cerró de manera definitiva el sector de "Juegos Tradicionales" del Casino Central (mesas de ruleta, blackjack y póker), afectando directamente a 81 trabajadores.
A raíz de eso, la ley 9.718 fija los retiros voluntarios, “una reubicación sin garantías explícitas o la disponibilidad por seis meses antes del despido formal”.
Sin embargo, el argumento oficial de reducir la oferta de juego contrasta con la política sobre el entorno digital. A las cinco plataformas habilitadas se sumaron dos más en 2025, pagando un canon de apenas el 10 %.
Los datos aportados muestran que el volumen de apuestas online se duplicó durante el primer cuatrimestre de 2026.
Por otro lado, las restricciones de las plataformas legales derivan en la proliferación del juego clandestino entre adolescentes. El uso de billeteras virtuales para fondear estas apuestas ha derivado en cuadros severos de ludopatía y endeudamiento familiar con financieras informales.
A raíz de este planteo, los trabajadores exigen la apertura urgente de una mesa de negociación para coordinar la reubicación efectiva de los 81 empleados afectados en dependencias del Estado (como Hacienda, Salud o Educación), garantizando la continuidad laboral, la antigüedad acumulada y la equiparación salarial.
